El control estatal quedó bajo proceso por las muertes del fentanilo contaminado

La Justicia responsabilizó provisoriamente a las exautoridades de la ANMAT y el INAME por omisiones que habrían permitido la circulación de medicamentos elaborados en condiciones críticas.

En 10 segundos
Qué pasó: procesaron a dos exfuncionarias de los principales organismos nacionales de control farmacéutico
Qué cambia desde hoy: la investigación avanza sobre la responsabilidad estatal en la tragedia sanitaria
A quién le pega: a las antiguas conducciones de la ANMAT y el INAME
Qué mirar ahora: las apelaciones y la posible ampliación de las imputaciones

La Plata, 2 de septiembre de 2026.

La causa por el fentanilo contaminado alcanzó formalmente a quienes tenían la responsabilidad de controlar a los laboratorios antes de que los medicamentos llegaran a hospitales y sanatorios. El juez federal Ernesto Kreplak procesó sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó.

Bisio estuvo al frente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Mantecón Fumadó dirigió el Instituto Nacional de Medicamentos, organismo encargado de fiscalizar la producción farmacéutica.

El magistrado las consideró, en esta etapa de la investigación, partícipes necesarias de la adulteración de sustancias medicinales vinculada con la muerte de al menos 90 personas. El expediente registra además dos víctimas con lesiones gravísimas, 41 con lesiones graves y otra con lesiones leves.

La resolución incorporó para cada imputada un embargo de $500.000 millones y la inhibición general de sus bienes. Ambas seguirán en libertad con prohibición de salir del país, presentación mensual ante la Policía Federal, entrega de sus documentos de viaje y restricciones para comunicarse con personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.

El procesamiento amplía la dimensión institucional de una causa que comenzó concentrada en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Las plantas, vinculadas con el empresario Ariel García Furfaro y su grupo familiar, produjeron los lotes de fentanilo que llegaron al mercado contaminados con bacterias capaces de provocar infecciones graves.

La investigación atribuye a las exfuncionarias un aporte necesario para que la producción continuara en circulación pese al historial de irregularidades detectadas. Para Kreplak, las decisiones adoptadas dentro de los organismos de control demoraron medidas preventivas y correctivas contempladas por la normativa sanitaria.

Una inspección realizada en Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024 había constatado incumplimientos en las buenas prácticas de fabricación. El 3 de enero de 2025, técnicos de la ANMAT elevaron un proyecto destinado a impedir que la planta continuara produciendo y a retirar medicamentos del mercado.

Ese documento fue firmado por Mantecón Fumadó y Bisio el 10 de febrero y publicado dos semanas después. Durante ese período avanzó la elaboración y distribución de ampollas. La secuencia temporal ocupa un lugar central en la atribución de responsabilidades, porque la Justicia busca establecer qué decisiones habrían podido interrumpir el riesgo sanitario.

Los lotes investigados contenían bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica. El medicamento fue aplicado a pacientes internados que dependían por completo de los controles realizados por fabricantes, laboratorios y autoridades públicas.

La resolución diferencia la actuación de las exfuncionarias de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud. Kreplak consideró que, hasta el momento, carece de elementos suficientes para imputar penalmente al ministro del área. Las instrucciones surgidas de la cartera sanitaria estaban orientadas a detener la actividad de las empresas involucradas.

Bisio y Mantecón Fumadó habían sido detenidas a comienzos de agosto por pedido de la fiscal federal María Laura Roteta y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Recuperaron la libertad tras depositar cauciones reales de $75 millones cada una.

La causa reúne actualmente 134 víctimas y 47 querellas. A los procesamientos de las exfuncionarias se suman los dictados previamente contra propietarios, directivos y responsables técnicos de los laboratorios.

El avance judicial modifica el perímetro de la investigación. La producción contaminada, las advertencias técnicas y las demoras administrativas quedaron integradas dentro de una misma cadena de responsabilidades. Las próximas instancias deberán determinar el alcance penal de cada intervención y establecer si otras autoridades participaron de las decisiones examinadas.

 

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