Este lunes se realiza la audiencia en San Lorenzo, donde los fiscales Schiappa Pietra y Edery expondrán las pruebas contra el empresario y el exfiscal Regional de Rosario. Se sospecha que existió un pago de sobornos para cerrar una causa sobre contaminación
Este lunes será un día clave en una causa en la que se mezcla contaminación ambiental a gran escala y un posible pago de sobornos por el desaguisado que ocurrió en la planta de Petroquímica Bermúdez. Serán imputados el exfiscal Regional de Rosario Patricio Serjal y los empresarios Sergio y Máximo Tasselli, acusados de pactar el cierre de una causa en la que se investigaba la contaminación que generó el cierre de esa planta, de donde desaparecieron más de 800 tambores de gas de cloro, entre otras cosas, una sustancia altamente tóxica.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery empezaron a investigar el año pasado este tema, porqué se había cerrado la investigación sobre la Petroquímica Bermúdez, en la que no había ningún motivo, sino todo lo contrario, para continuar con la pesquisa sobre las causas de la “bomba ambiental”, como se denominó este episodio.
Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego, quienes son directivos de Petroquímica Bermúdez, serán imputados por contaminar de manera intencional el medio ambiente con residuos peligrosos, un delito especial regulado por la ley nacional 24051. Ese delito es sancionado con penas de tres a diez años de prisión.
Serjal, quien está detenido en un área aislada del penal de Piñero, a la espera de una junta médica que evalúe si por su estado de salud puede cumplir la prisión en su domicilio, será imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público. Lo mismo ocurrirá con el fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini, quien desde ese organismo no siguió con la investigación, siendo querellante.
El viernes pasado el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia empezó con las tareas de desgasificación de las llamadas bombonas de gas de cloro. Este proceso se inició luego de que el gobierno de Santa Fe, a través de Fiscalía de Estado y por solicitud del Ministerio de Ambiente, solicitó al juez de feria, el pasado 22 de enero, una medida cautelar que consiste en la adopción inmediata de nuevas medidas preventivas y de monitoreo sobre los residuos peligrosos existentes en el predio, ubicado en Capitán Bermúdez, y que se inscriba el pasivo ambiental existente en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia.
Del predio de Petroquímica Bermúdez, que Tasselli -actualmente procesado en la causa de los cuadernos de las coimas- adquirió en 1998 y cerró en 2013, como otra decena de empresas que compró en los 90, desaparecieron 850 tubos de gas de cloro de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica, según el acta 197 del Ministerio de Medio Ambiente que consta en la causa, a la que accedió Aire de Santa Fe.
Las pericias indican que de ese predio que Tasselli adquirió en 1998 y cerró en 2013, como otra decena de empresas que compró en los 90, desaparecieron 850 tubos de gas de cloro de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica.
Nadie sabe adónde fueron a parar esos contenedores de gas cloro, trágicamente conocido por su uso durante la Primera Guerra Mundial como arma química. Se sospecha que podrían haberse tirado al río Paraná o haberse enterrado, algo peor -según señalan los especialistas- porque no se tiene ningún control del daño que podrían causar las sustancias. «Desaparecieron», apuntó el fiscal.
Fue clave en este caso la denuncia que presentó el Taller Ecologista, que advirtió en su momento que desde la empresa estaban sacando los tambores.
«Es un desastre ambiental que podría tener dimensiones impensadas», explicó Cecilia Bianco, de la ONG Taller Ecologista, entidad que hace cinco años puso en alerta a las autoridades sobre lo que ocurría con el desmantelamiento de Petroquímica Bermúdez. «Detectamos que durante la noche entraban y salían camiones de la planta, con lo cual la principal sospecha es que estaban sacando las bombonas de cloro», advirtió.
En la planta de Petroquímica Bermúdez se hallaron 1000 tanques de cloro gaseoso. Desaparecieron 850, de una tonelada cada uno.
Además del cloro gaseoso, se detectaron otras sustancias altamente tóxicas que contaminaron las napas freáticas por los escapes permanentes de residuos, como cloroformo, benceno, mercurio y lindano (conocido como Gammexane), un insecticida que se fabricó en ese predio. «El peligro es que no se sabe si las napas de los barrios vecinos están contaminadas con estas sustancias, altamente cancerígenas», señaló un exfuncionario que investigó el caso.
Cinco días antes de que se decretara el aislamiento por la pandemia, los pobladores de la zona se reunieron en el club Vecinos Unidos, en el barrio Celulosa, para pedir a las autoridades que intervengan ante esta «bomba ambiental». La pendiente de las napas va hacia el barrio El Espinillo, con lo cual el peligro es que esas sustancias hayan penetrado en el área donde hay consumo de agua de la población.
La planta química se llamaba Electroclor y se inauguró en 1946. En ese momento, los accionistas eran Duperial y Celulosa Argentina, que cerraron la fábrica en 1993, donde antiguamente se aprovechaban y procesaban los residuos de cloro que en ese momento usaban en la papelera.
En 1998, el grupo Tasselli adquirió la planta, donde en esa época solo se producía cloro, acetileno y tricloroetileno, y la nombró Petroquímica Bermúdez. Cinco años después, en julio de 2013, la planta quedó paralizada por un conflicto laboral que terminó en un intento de toma de la fábrica por parte de los trabajadores del gremio químico, que fueron sacados, según denunciaron en ese momento, por una patota. La estrategia que la empresa usó en esta ciudad del Gran Rosario se repitió en otros emprendimientos que fueron desmantelados, como Río Turbio, Altos Hornos Zapla y Agrinar, entre otros.
La Justicia investiga un presunto pacto para cerrar una causa contra el empresario Tasselli por la desaparición de material tóxico; en la Petroquímica Bermúdez desaparecieron 1000 tubos de gas cloro, altamente tóxico, de una tonelada cada uno.
¿Por qué este empresario había comprado una planta química para después cerrarla? La sospecha es que se buscó vender chatarra, según quienes conocen la investigación. El problema es que no era una chatarra cualquiera, sino residuos altamente contaminados y peligrosos.
Desde ese momento, el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe comenzó a exigirle «un cierre seguro» de la planta. Pero Tasselli, según fuentes de la anterior administración de Santa Fe consultadas, «nunca cumplió». Ante ese escenario, a través de la Fiscalía de Estado, en 2016 se presentó una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación, que recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.
En 2017, una auditoría detectó «la presencia de diversos productos químicos peligrosos que ameritan acciones inmediatas para evitar una emergencia ambiental con la afectación de la población». «Ante cualquier emergencia que libere productos tóxicos a la atmósfera, es altamente probable que la nube de gases sea arrastrada por el viento hacia poblaciones que rodean las instalaciones de Petroquímica Bermúdez, hacia el sur, el norte y el oeste», señala el informe, firmado por el ingeniero Andrés Salum.
Cuando la causa penal avanzaba sobre la responsabilidad de Tasselli, según indicaron fuentes judiciales comenzó a gestarse una maniobra para clausurarla, que ahora va a terminar en la imputación de los Tasselli y del exjefe de los fiscales de Rosario Serjal, actualmente preso por el cobro de sobornos en una causa ligada al juego clandestino.
Organizado, empezaron a relevar las causas que había cerrado Serjal. Se encontraron con que el 8 de marzo de 2019 el fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma había pedido el archivo de la causa de Petroquímica Bermúdez en una audiencia ante el juez Juan José Tutau. «Es la instrucción de mi superior», dijo, en alusión a Serjal.
