La previa de la Convención Constituyente ya encendió su primera gran polémica: ¿qué lugar institucional debe ocupar el Ministerio Público de la Acusación (MPA)? La discusión, que hasta ahora parecía reservada a juristas y legisladores, se trasladó al centro del debate público tras el cruce entre la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, y el sindicato de empleados judiciales.
La funcionaria sostiene que el MPA debe ser un organismo “extra poder”, con autonomía funcional y financiera, y ajeno a los tres poderes clásicos del Estado. Su planteo no es nuevo, pero cobra nueva fuerza en el marco de la inminente reforma constitucional. En esa dirección ya inició conversaciones con los distintos bloques que tendrán voz en la Convención.
Sin embargo, la objeción no vino de la política, sino de los propios trabajadores del Poder Judicial. A través de un comunicado, el gremio expresó su rechazo y, paradójicamente, utilizó argumentos similares a los de la fiscal para justificar una posición opuesta: “Escindir al MPA sería ponerlo bajo la influencia de la política de turno. Mantenerlo en el ámbito del Poder Judicial garantiza imparcialidad, autonomía y carrera judicial”.
Este contrapunto no es menor. Expone una grieta institucional profunda: ¿más independencia implica estar fuera del Poder Judicial, o lo contrario? ¿La política fortalece o condiciona?
Vranicich, por su parte, va más allá: propone no solo definir la naturaleza del MPA por vía constitucional, sino también asegurar un piso presupuestario objetivo que garantice su funcionamiento sin depender de la voluntad política del momento. Una independencia no solo simbólica, sino operativa.
Su postura encuentra antecedentes sólidos. Su antecesor, Jorge Baclini —hoy ministro de la Corte Suprema— ya defendía esta idea. En una entrevista reciente con El Litoral, afirmó: “La reforma es una oportunidad histórica para garantizar la autonomía por Constitución. Pero además, hay que darles a fiscales y defensores paridad con los jueces también en materia disciplinaria”.
Mientras tanto, el gremio advierte sobre los efectos colaterales: impacto sobre salarios, estabilidad laboral y carrera judicial. Y anunció que llevará su planteo directamente ante los convencionales.
Más allá de tecnicismos jurídicos, el trasfondo es político: ¿cómo se garantizan el control, la transparencia y la independencia en un sistema acusatorio adversarial como el que rige en Santa Fe?
El debate ya está instalado. Y más que una polémica de nicho, parece el anticipo de una discusión mayor: cómo se organiza el poder en tiempos de desconfianza institucional.
