Granata denunció a “La Locomotora” Oliveras ante el Tribunal Electoral y pidió anular su candidatura como convencional constituyente

La diputada provincial Amalia Granata, en su rol de convencional constituyente por el espacio Somos Vida, presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral de Santa Fe contra su par electa, Alejandra “La Locomotora” Oliveras, por supuesta incompatibilidad con los requisitos constitucionales para ejercer el cargo de convencional.

Granata, acompañada por el candidato al Concejo Eugenio Malaponte, sostiene que Oliveras no reúne los dos años de residencia inmediata en la provincia, exigidos por la Constitución santafesina para quienes no nacieron en territorio provincial. Según consta en la presentación, la exboxeadora habría fijado domicilio en Santo Tomé recién en febrero de 2025, apenas semanas antes de las elecciones.

“No figuraba en el padrón electoral”
“Oliveras no solo no tiene la residencia exigida, sino que ni siquiera votó en Santa Fe, porque no figuraba en el padrón”, afirmó Granata en declaraciones a La Primera de la Tarde (Radio 2). Y agregó: “Nació en Jujuy, vive en Córdoba y tiene vínculos laborales con un ministerio en Buenos Aires. No conoce la provincia, vino hace poco y puso algunos gimnasios”.

Una de las más votadas
La denuncia toma especial relevancia dado que Oliveras fue la sexta candidata más votada de toda la provincia, obteniendo 78.471 votos como cabeza de lista del Frente de la Esperanza, lo que le permitió acceder a una de las bancas en la Convención Constituyente.

Acusaciones políticas cruzadas
Granata también apuntó contra el oficialismo provincial, acusando al senador Felipe Michlig de impulsar la candidatura de Oliveras “para garantizarle la mayoría al gobernador Maximiliano Pullaro en la Convención”. “Esto es una truchada con impunidad, la gente no es tonta”, sentenció.

Qué dice la Constitución
La presentación cita el artículo que establece que los convencionales deben cumplir las mismas condiciones que los diputados provinciales: residencia inmediata de al menos dos años en la provincia, salvo que sean nativos. En este contexto, el pedido no solo exige la revisión de la candidatura, sino también la nulidad de toda la lista del Frente de la Esperanza.

¿Y ahora?
El Tribunal Electoral de Santa Fe deberá ahora evaluar la validez de la denuncia, revisar los antecedentes documentales de Oliveras y definir si corresponde su apartamiento del proceso constituyente. La resolución, de avanzar, podría sentar un precedente institucional inédito en el marco de la reforma constitucional.

 

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