La confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema encendió una rápida respuesta política en la provincia de Santa Fe, donde dirigentes de distintas vertientes del peronismo y la izquierda coincidieron en un diagnóstico común: el fallo representa, en sus palabras, una amenaza para la democracia y una maniobra de proscripción electoral.
Desde una concentración espontánea frente a la plaza 25 de mayo en Rosario, Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y actual referente del justicialismo, calificó el fallo como “un error gravísimo que condicionará el futuro político del país”. Y fue más allá: “Es sin dudas un acto de proscripción contra una dirigente que representa al principal partido de oposición, con intención de voto del 35%. Esto marca un antes y un después en nuestra democracia”, sostuvo en declaraciones a Radio 2.
El contexto de su intervención fue tan simbólico como estratégico: la manifestación tuvo lugar apenas horas después de que la Corte ratificara la sentencia por administración fraudulenta en la causa Vialidad, dejando firme la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la condena a prisión domiciliaria.
Rossi vinculó directamente la decisión judicial con el anuncio reciente de Cristina Fernández sobre su candidatura a diputada nacional. “Desde ese momento, se desató una campaña feroz desde los medios concentrados y los grupos económicos para presionar a la Corte. Hoy los jueces se comportaron como empleados de esos intereses”, afirmó.
A su lado, el diputado provincial Carlos Del Frade sumó una mirada crítica desde otro ángulo: “Es una jugada política tomada por un triunvirato de jueces que finge ser una Corte Suprema. Lo conocemos bien en Santa Fe: algunos de esos magistrados no tienen la imparcialidad que exige el cargo”, disparó.
Del Frade, referente de la izquierda santafesina, no se limitó a la denuncia institucional. Propuso una respuesta política inmediata: “Es imprescindible convocar un frente democrático en cada ciudad para evitar que se consolide esta deriva autoritaria. Lo que está en juego no es sólo la figura de Cristina Kirchner, sino la vigencia del Estado de Derecho”.
Ambos dirigentes trazaron un paralelismo explícito con el caso del expresidente brasileño Lula da Silva, quien fue condenado e inhabilitado antes de ser absuelto y regresar al poder. En ese sentido, advirtieron que la reacción de la sociedad será clave para definir si este episodio se convierte en un punto de inflexión o en una nueva normalidad judicializada.
Mientras tanto, en los círculos políticos de Santa Fe y el país, se multiplican las especulaciones sobre el futuro inmediato de la expresidenta: su eventual detención domiciliaria, su rol dentro del Partido Justicialista, y su capacidad de seguir influyendo en el escenario electoral a pesar de la inhabilitación.
Por ahora, la condena de Cristina Fernández no cerró un capítulo judicial: abrió uno político de dimensiones imprevisibles.
