Dos de los hospitales públicos más emblemáticos del país, el Garrahan y el Posadas, quedaron en el centro de una nueva avanzada del Gobierno nacional. El Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, anunció este miércoles el despido de 110 trabajadores del Hospital Posadas y el descuento salarial a los empleados del Hospital Garrahan que participaron de una medida de fuerza impulsada por el gremio ATE.
La decisión, difundida a través de un comunicado oficial, se enmarca en una política de ajuste del gasto público que el presidente Javier Milei ha defendido con énfasis, incluso en escenarios internacionales como el Foro de Davos. Pero en este caso, el recorte alcanza a instituciones que son consideradas pilares del sistema de salud argentino: el Garrahan, especializado en pediatría de alta complejidad, y el Posadas, centro neurálgico del conurbano bonaerense en atención crítica.
En el caso del Posadas, el Ministerio justificó las desvinculaciones asegurando que los 110 trabajadores despedidos “no cumplían con sus tareas” y que, por lo tanto, su permanencia en el hospital constituía “un gasto innecesario”. En paralelo, el Gobierno solicitó a la Secretaría de Trabajo que levante la conciliación obligatoria que regía sobre el conflicto del Garrahan, argumentando un “incumplimiento deliberado” por parte del gremio.
“En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos”, sostuvo el comunicado oficial. “Cada peso que se malgasta en quienes no trabajan, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes”.
La reacción sindical no se hizo esperar. Desde ATE calificaron la medida como una “represalia autoritaria” y denunciaron que el Gobierno “está utilizando los hospitales como laboratorio de su modelo de ajuste”. En un comunicado paralelo, los trabajadores del Garrahan expresaron su preocupación por lo que consideran un “intento de disciplinamiento” que pone en riesgo derechos laborales básicos y la calidad del servicio sanitario.
El impacto político de estas decisiones es inmediato. En un año signado por la tensión social y los recortes en áreas sensibles, el avance sobre los hospitales públicos reabre el debate sobre los límites del ajuste fiscal. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de eliminar privilegios, los trabajadores alertan que la poda recae sobre estructuras esenciales del Estado.
Con los despidos ya ejecutados y las sanciones en marcha, lo que se pone en juego es más que una pulseada entre el Ejecutivo y los gremios: es una disputa por el sentido de lo público en una Argentina donde el sistema de salud aún sostiene, para millones, la última red de contención.
