La justicia penal para adolescentes santafesinos amaneció distinta. Desde este sábado rige el Código Procesal Penal Juvenil —Ley 14.228— que elimina los históricos Juzgados de Menores y traspasa toda la investigación de delitos cometidos por jóvenes de 16 a 18 años al Ministerio Público de la Acusación (MPA). La reforma, aprobada en 2023 y retrasada por sucesivas prórrogas operativas, completa el giro acusatorio iniciado con los adultos en 2014.
Un nuevo engranaje fiscal
Para aplicar la norma, la fiscal general María Cecilia Vranicich creó Unidades Fiscales Especializadas en cada una de las cinco circunscripciones judiciales y una Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), a cargo de la fiscal Carla Cerliani. El organismo central coordinará estrategias, supervisará casos y —de forma excepcional— podrá litigar hechos de alto impacto.
“Investigaremos a jóvenes de 16 a 18 años por delitos con penas mínimas mayores a dos años. Junto al juicio por jurados, esto termina de alinear nuestro sistema con la Constitución”, afirmó Vranicich.
Traspaso de causas, personal y tecnología
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Causas en stock: A diferencia del modelo “residual” que subsistió para adultos en 2014, todo el caudal de expedientes de los Juzgados de Menores pasa ahora al MPA.
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Nueve nuevos fiscales y más de 60 empleados provenientes de asesorías y secretarías penales se incorporan a las flamantes unidades.
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Infraestructura: se alquilaron sedes específicas en 25 de Mayo 2319 (Santa Fe) y Av. San Martín 2886 (Rosario). En Casilda, San Lorenzo, Tostado y Rafaela se ocuparán los actuales edificios judiciales; en Reconquista, Villa Constitución y Venado Tuerto, los equipos funcionarán dentro de los Centros de Justicia.
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Herramientas digitales: el sistema informático Heimdall se actualizó y nació Clio, una base que reúne legajos de menores para garantizar trazabilidad y decisiones fundadas.
Qué cambia para los adolescentes
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Investigación fiscal plena. Los fiscales dirigirán la pesquisa, podrán imputar y solicitar medidas cautelares; los jueces resolverán sobre garantías y eventual juicio oral.
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Medidas alternativas. Se habilitan probation, acuerdos abreviados y criterios restaurativos; la prisión preventiva se reserva como último recurso y en ámbitos separados de adultos.
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Víctimas con voz. Tendrán acceso a presentarse como querellantes y aportar prueba, equiparando su rol al proceso de mayores.
La Corte y la capacitación obligatoria
La Corte Suprema provincial acompañó con actas-acuerdo que dispusieron el traspaso de magistrados, funcionarios y empleados, y la capacitación obligatoria de los cinco Colegios de Jueces Penales. El alto tribunal mantiene un monitoreo sobre el cronograma de mudanza documental y de personal.
Mirada de futuro
Con la entrada en vigencia del nuevo código, Santa Fe se alinea con provincias como Buenos Aires y Chubut que ya operan sistemas juveniles acusatorios. La clave, advierten en el MPA, será sostener personal especializado y garantizar espacios adecuados para alojar a quienes, pese a su edad, sean privados de libertad.
Para las organizaciones de derechos de infancia, el desafío será doble: que la reforma acelere investigaciones y juicios, pero también amplíe el uso de salidas restaurativas que eviten la privación de libertad. El tablero judicial cambió; la eficacia y el respeto a las garantías definirán ahora el éxito del nuevo modelo.
