A partir del 1° de julio, las exportaciones de soja, maíz, sorgo y girasol volverán a pagar las alícuotas plenas de derechos de exportación, luego de la decisión del Gobierno nacional de dejar sin efecto la rebaja temporal implementada a comienzos de año. El decreto 439/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, fue publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La resolución implica una reinstauración del 33% para la soja, 12% para maíz y sorgo, y 7% para el girasol. En contrapartida, se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 la alícuota reducida del 9,5% para trigo y cebada, lo que fue interpretado como una señal diferenciada hacia sectores exportadores con menor margen de maniobra.
El anuncio aceleró el movimiento comercial: durante la última semana se registró un fuerte volumen de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), como intento de fijar operaciones con los valores reducidos. En apenas 15 días ingresaron unos 5.000 millones de dólares en divisas, según estimaciones del sector, lo que constituye un alivio coyuntural para las reservas del Banco Central.
El impacto político no se hizo esperar. Desde CIARA-CEC, que agrupa a las principales agroexportadoras, celebraron la prórroga para trigo y cebada y valoraron el gesto como “el camino correcto”. La entidad insistió en la necesidad de avanzar hacia una eliminación progresiva de las retenciones para todo el complejo oleaginoso.
En cambio, desde CRA y Coninagro expresaron un rechazo abierto a la reimplantación de la alícuota del 33% para la soja. La Sociedad Rural Argentina (SRA) eligió un tono más cauto, en un contexto delicado: debe recibir al presidente Milei en los próximos días en la pista central de la Exposición Rural de Palermo.
Con esta medida, el Gobierno busca compatibilizar su necesidad de ingresos fiscales y reservas con su narrativa desreguladora, en un equilibrio inestable. La rebaja temporal había sido pensada como incentivo para acelerar liquidaciones y reforzar el frente externo. Pero con esa meta alcanzada —al menos en el corto plazo—, vuelve la lógica del ajuste.
Para el agro, el mensaje es ambiguo: se pide compromiso exportador, pero se mantiene una presión tributaria que el sector considera regresiva. Para el Gobierno, la señal es doble: pragmatismo fiscal y control del calendario político.
