BUENOS AIRES — El lunes por la tarde, el vocero presidencial Manuel Adorni apareció ante las cámaras con un anuncio que, más allá del dato administrativo, buscó establecer un gesto de ruptura: el Gobierno disolvía la Dirección Nacional de Vialidad, organismo centenario encargado del diseño, construcción y mantenimiento de las rutas argentinas. La medida, impulsada mediante decreto y justificada como parte de un plan de ahorro estatal, fue presentada como un acto de justicia histórica. “Es el acta de defunción de la corrupción en la obra pública”, dijo Adorni.
El mensaje no fue técnico. Fue político. La conferencia arrancó con un video que recordó la causa judicial por la cual fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que convirtió a Vialidad en sinónimo de escándalo para una parte del electorado. A partir de allí, el cierre no se planteó como una reorganización funcional, sino como una reparación moral.
Sin embargo, detrás del relato épico, el cierre de Vialidad plantea una pregunta incómoda: ¿puede un país con más de 38.000 kilómetros de rutas nacionales prescindir de un organismo estatal que las diseñe, planifique y mantenga?
El fin de una institución clave
La Dirección Nacional de Vialidad, fundada en 1932, gestionaba 9.120 kilómetros de rutas estratégicas que, según anunció Adorni, serán licitados al sector privado. El Gobierno sostiene que su estructura era ineficiente, sobredimensionada y permeable a manejos políticos y sindicales. En un comunicado, se destacó que de sus 5.184 empleados, el 67 % cumplía funciones administrativas, mientras solo el 33 % realizaba tareas operativas en el territorio.
Más allá de los cuestionamientos puntuales, la disolución implica desarmar el principal cuerpo técnico que el Estado tenía para intervenir en el trazado vial federal. No hay reemplazo institucional equivalente, sino delegación: una nueva «Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte» —residuaria de la CNRT— asumirá algunas competencias. Pero la ejecución concreta quedará en manos del mercado.
El ahorro proyectado, según el Gobierno, es de 100 millones de dólares anuales. Pero no está claro cómo se compensará el retiro estatal en una red vial en gran parte deteriorada y con baja rentabilidad para las concesiones privadas fuera de los corredores más transitados.
Una decisión en clave ideológica
El anuncio coincidió con el vencimiento del plazo de las facultades delegadas que el Congreso había otorgado al presidente Javier Milei durante un año. Según Adorni, las herramientas se usaron con «responsabilidad fiscal y sentido de urgencia», a diferencia de gobiernos anteriores que “las utilizaron para encerrar ciudadanos o subir impuestos”.
El cierre de Vialidad —junto a la eliminación de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial— completa una lista de más de 65 decretos orientados a desregular, privatizar o eliminar estructuras estatales. En todos los casos, el eje es el mismo: reducir el rol del Estado a su mínima expresión operativa, apelando a un discurso donde cada dependencia se vincula con el pasado que Milei promete erradicar.
Pero los críticos advierten que esta lógica puede llevar a una fragilidad estructural: la licitación masiva de rutas, sin capacidad pública de fiscalización o gestión, podría reproducir desigualdades territoriales, dejar tramos sin mantenimiento o multiplicar los costos de circulación por peajes.
Entre la épica anticasta y la traza federal
En la argumentación oficial se mezclaron referencias a corrupción, burocracia, gremialismo heredado y simbolismo institucional. Uno de los ejemplos utilizados fue el de una familia completa empleada en el organismo: la secretaria general del sindicato de viales, su esposo, sus hijas y su yerno. “Un ejemplo concreto de casta sindical”, sentenció el comunicado.
Pero más allá de las denuncias puntuales, la desaparición de un organismo como Vialidad no puede leerse sin considerar su historia: durante décadas, fue el brazo técnico que articuló caminos, conectó regiones y pensó el territorio desde un criterio público. Su cierre representa más que un recorte: es una señal de época.
El vacío que deja el Estado
El Gobierno asegura que la obra pública será reemplazada por obra privada. Que la corrupción será contenida con licitaciones abiertas. Que el ahorro se traducirá en eficiencia. Pero en un país con vastas zonas de baja densidad, donde el mercado no llega porque no rinde, la ruta no es solo un camino. Es acceso, es conectividad, es posibilidad de desarrollo.
Cerrar Vialidad Nacional puede ser un símbolo. Pero en algún punto del mapa —y en algún invierno próximo— también puede ser una ausencia. Y como todas las ausencias estatales, no será neutra.
