SANTA FE — Desde el 8 de mayo, el sistema de salud de Santa Fe activó una alarma silenciosa: decenas de pacientes habían recibido fentanilo contaminado proveniente del laboratorio HLB Pharma. Hoy, con 69 notificaciones registradas y 35 fallecimientos en evaluación, la provincia decidió dar un paso inusual pero decisivo: constituirse como querellante en la causa penal que investiga la adulteración del medicamento.
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, confirmó a El Litoral que el objetivo es claro: “Queremos saber qué pasó, quiénes fueron los responsables, y que no vuelva a ocurrir”. La causa se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N.º 3 de La Plata y será la Fiscalía de Estado santafesina la encargada de formalizar la presentación.
Un sistema de vigilancia que detectó lo invisible
La decisión judicial se apoya sobre una base técnica sólida. El Ministerio de Salud, apenas conocida la alerta de ANMAT, activó su red de farmacovigilancia y suspendió preventivamente todos los productos del laboratorio implicado. A través de esa red, se detectaron rápidamente los pacientes que habían recibido ampollas del lote sospechoso.
“No estamos ante un error operativo. Estamos ante un hecho con impacto potencial en la vida de decenas de personas. Y eso requiere una respuesta institucional firme”, subrayó Ciancio.
Entre las pruebas que la provincia presentará ante la Justicia se encuentran las ampollas secuestradas, informes técnicos, notificaciones del sistema y las medidas de seguimiento implementadas. También se aportaron muestras al Instituto Malbrán para el análisis bacteriológico, donde se busca determinar si microorganismos como Ralstonia pickettii o Klebsiella pneumoniae estuvieron involucrados en las muertes.
Un acto de reparación institucional
“No se trata solo de un expediente judicial. Es una cuestión de responsabilidad política”, insistió la ministra. “El gobernador y esta ministra decidimos impulsar esta medida porque el hecho puso en jaque procesos fundamentales del sistema público de salud. No podemos permitir que quede impune”.
La figura de querellante le permitirá a la provincia tener un rol activo: podrá ofrecer pruebas, pedir medidas, impugnar resoluciones. Se trata de una posición inusual para un gobierno provincial en causas federales, pero que responde a la magnitud del caso y al nivel de afectación local.
Desde mayo no se registraron nuevos casos. “Eso demuestra que las medidas funcionaron”, explicó Ciancio. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho: angustia en los equipos médicos, desconfianza en pacientes, y una pregunta que todavía no tiene respuesta judicial: ¿cómo un lote contaminado llegó a circular sin ser detectado?
Más que un medicamento: el sistema en juego
La ministra fue clara al explicar los límites de control del Estado: “Nosotros no podemos verificar la composición molecular de los medicamentos. Lo que sí podemos —y debemos— hacer es exigir cumplimiento normativo, garantizar trazabilidad y responder con firmeza cuando algo sale mal”.
Santa Fe, a diferencia de otras provincias, optó por hacer visible su posición: no limitarse a denunciar, sino participar en la investigación. La querella no es un gesto político. Es un mensaje.
Lo que está en juego es la confianza
El caso del fentanilo contaminado no es solo un escándalo sanitario. Es una advertencia sobre la fragilidad de los mecanismos de control, y sobre la necesidad de respuestas públicas cuando la salud —y la vida— se ven amenazadas.
Santa Fe decidió no mirar para otro lado. Y en ese gesto hay una señal que excede a los tribunales: en tiempos de crisis, la transparencia también puede ser una forma de cuidar.
