ROSARIO — Este jueves, frente al Concejo Municipal, no habrá solo una protesta. Habrá una pantalla gigante, una vigilia colectiva y la expectativa suspendida sobre cada voto en el Senado. Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, transportistas, profesionales, familiares y usuarios convocaron a seguir en tiempo real el debate del proyecto que declara la emergencia nacional del sector. No es solo una ley. Es, dicen, una cuestión de supervivencia.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, fue respaldado por un dictamen conjunto entre senadores peronistas y radicales. Declara la emergencia hasta diciembre de 2026 e incluye tres medidas clave: la actualización automática de las pensiones no contributivas, el pago de deudas atrasadas y la recomposición de los aranceles que el Estado paga a las prestadoras.
Pero desde el Ejecutivo nacional ya llegó el anticipo: si se aprueba, será vetado.
“Esto no es un trámite legislativo. Es un grito de auxilio”
La frase es de Pablo Bolego, presidente de Atraes (Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe), una de las entidades que convoca. “Estamos al borde del colapso. No hay choferes para cubrir rutas. Las terapias se interrumpen. Los centros de día están a punto de cerrar. Todo esto ya está pasando”, explicó.
Desde diciembre de 2024, los aranceles están congelados. El desfase frente a la inflación supera el 70 %. Según las entidades, la falta de actualización vuelve insostenible la atención diaria: terapias ocupacionales, transporte adaptado, asistencia escolar, atención domiciliaria y comunitaria.
“El proyecto no resuelve todo. Pero frena el derrumbe”, dicen desde Apridis, la asociación que agrupa a las instituciones santafesinas que trabajan con personas con discapacidad. Su presidenta, Mariel Chapero, advirtió: “También queremos respuestas del gobierno municipal y del provincial. La urgencia es real y ya se siente”.
El impacto invisible: vidas detenidas
La emergencia, explican desde las organizaciones, no es solo presupuestaria. Es humana. Son miles de familias que dependen de un sistema que se resquebraja: prestaciones interrumpidas, turnos demorados, incertidumbre diaria. “Lo más duro no es la falta de recursos. Es la sensación de estar solos”, expresó una madre que participará de la concentración.
La ley nacional 24.901 garantiza el acceso universal a las prestaciones para personas con discapacidad. Pero en los últimos años, su aplicación efectiva ha sido erosionada por demoras, deudas y ausencia de una política pública integral.
“Hay una desconexión brutal entre los discursos y lo que vivimos. Se habla de equilibrio fiscal, pero acá hablamos de vidas”, dijo Bolego.
Rosario espera con los ojos en el Senado
A las 11 de la mañana, frente al Concejo, comenzará la concentración. Habrá una pantalla gigante para seguir la sesión del Senado en vivo. Las organizaciones no quieren solo visibilizar. Quieren estar juntas. Saber que no esperan solas.
La amenaza del veto presidencial pesa sobre la jornada. “Sería un golpe devastador para todo el sistema”, advierten. Por eso, la vigilia de este jueves es también una interpelación pública: ¿qué valor tienen los derechos cuando el ajuste llega a las personas más vulnerables?
Una ley que no puede esperar
En la Argentina de hoy, muchas urgencias compiten por atención. Pero pocas tienen el consenso técnico, humano y ético que tiene esta. La emergencia en discapacidad no es un privilegio. Es una deuda. Y cada día que pasa sin respuesta, esa deuda se vuelve más grave.
Este jueves, frente al Senado y frente al Concejo, miles de personas van a recordarlo.
