El Gobierno nacional dio de baja los últimos convenios vigentes para obras viales en el sur santafesino, incluyendo el tramo más crítico de la Ruta 33. Desde la Provincia denuncian que la decisión desoye fallos judiciales y pone en riesgo la seguridad vial de miles de vecinos.
El cierre de Vialidad Nacional no fue solo una medida administrativa. Para el Gobierno de Santa Fe, significó la confirmación de una política de desinversión que ya dejó sin efecto licitaciones adjudicadas, suspendió obras estratégicas y desmanteló la planificación federal de infraestructura. Entre las víctimas de ese repliegue, la Ruta 33 ocupa un lugar simbólico: un corredor donde, dicen desde la Provincia, «se juega la vida de miles de personas».
La decisión de cancelar el contrato fue formalizada este lunes mediante una resolución oficial que anuló la licitación ya adjudicada a la UTE compuesta por las empresas Edeca S.A. y Rava S.A., encargada de ejecutar el mantenimiento y mejora del tramo entre Sancti Spíritu y Rosario. También se dio de baja la intervención prevista en la Ruta 178, entre Las Rosas y el empalme con la 33.
Desde el Ministerio de Obras Públicas santafesino, a cargo de Lisandro Enrico, la respuesta fue inmediata. La calificaron como una medida “intempestiva” que ignora fallos judiciales, vulnera acuerdos firmados y abandona definitivamente las zonas más críticas del sur provincial.
Una cláusula, una excusa
El argumento esgrimido por Nación para justificar la anulación se apoya en una cláusula de los pliegos licitatorios que permite dar de baja contratos si se vencen ciertos plazos administrativos. Pero desde la Provincia lo consideran un pretexto: “Los contratos estaban listos para empezar. Había empresas adjudicatarias y condiciones legales vigentes. No hay una razón técnica ni económica que justifique esto”, aseguraron voceros del Ministerio.
El tramo afectado de la Ruta 33 no es cualquier trayecto: conecta el corazón productivo del sur santafesino con Rosario, atraviesa zonas de alto tránsito rural y urbano, y ha sido escenario recurrente de siniestros viales. La licitación era la última instancia habilitada para intervenir con obras de fondo. Su cancelación representa, según funcionarios provinciales, “el cierre de la última puerta”.
Más de 2.700 kilómetros sin obra
La anulación de la Ruta 33 se suma a una paralización generalizada. Según datos oficiales de la Provincia, más de 2.700 kilómetros de rutas nacionales que cruzan Santa Fe permanecen sin actividad desde diciembre. Entre ellas, tramos clave de las rutas 7, 8, 9, 11, 34, A007, A008 y A012.
“La política de no hacer obras no es una decisión contable. Es una decisión de gobierno que impacta directamente en la vida cotidiana. Por estas rutas no solo viajan vecinos, circula el 80 % de la producción del país”, señalaron desde el Ejecutivo santafesino.
El malestar en la provincia no se limita a la queja. Las autoridades reiteraron su disposición a intervenir con recursos propios si Nación lo permite: “Tenemos la experiencia y la capacidad. Mantenemos rutas provinciales sin apoyo nacional y colaboramos en rutas federales con bacheo, corte de pastizales e iluminación. Pero necesitamos que no nos bloqueen”.
De la urgencia a la denuncia
La declaración más contundente llegó al final del comunicado oficial: “Esto no es un cruce político. Es un llamado urgente de vecinos que todos los días se juegan la vida en rutas destruidas. Cada vez que cargan combustible están pagando un impuesto nacional que supuestamente se destina a obras viales. Hoy esas obras no existen”.
El caso de la Ruta 33 condensa un conflicto más amplio: el repliegue del Estado nacional de la obra pública y el reclamo de los gobiernos provinciales por autonomía operativa y recursos. En el sur santafesino, la suspensión de esta obra dejó de ser una cuestión presupuestaria. Se convirtió en una advertencia política y en una herida abierta en el mapa vial de la provincia.
