Este lunes, en la histórica sede de la Legislatura provincial, Santa Fe da inicio a uno de los procesos políticos más significativos de las últimas décadas: la Convención Reformadora que debatirá, modificará y —eventualmente— sancionará una nueva Constitución para la provincia.
La última reforma constitucional en Santa Fe fue en 1962. Desde entonces, el país cambió, la sociedad cambió, y la provincia —que creció, se transformó, se urbanizó— siguió funcionando bajo las mismas reglas. Reglas que hoy, desde este 14 de julio de 2025, entran en revisión formal.
El acto de apertura se realizará a las 10 de la mañana, con la jura de los 69 convencionales constituyentes electos en abril. Esos nombres —referentes políticos de todo el arco ideológico, desde Unidos para Cambiar Santa Fe hasta La Libertad Avanza, pasando por Más para Santa Fe, Somos Vida y Libertad, Activemos y Frente de la Esperanza— serán los protagonistas de un proceso que tiene 40 días para redefinir los cimientos institucionales de la provincia.
Una deuda pendiente con la historia
Santa Fe es, hasta hoy, la única provincia del país que no reformó su Constitución luego de la sanción de la nueva Carta Magna nacional en 1994. La discusión sobre una reforma se ha planteado más de una vez, pero sin consensos ni voluntad política suficientes. Esta vez, con la aprobación de la Ley 14.384 y la posterior elección de convencionales, el escenario se volvió real.
Lo que está en juego no es solo un listado de artículos. Es el contrato social que regula la relación entre el Estado y la ciudadanía. Es el mapa de derechos, deberes, garantías, límites y alcances del poder público. Es, en definitiva, una oportunidad para modernizar la provincia desde su raíz normativa.
Lo que se puede cambiar… y lo que no
El debate tendrá un alcance acotado: solo 42 artículos fueron habilitados para su reforma. No será, entonces, una nueva Constitución completa, sino una intervención profunda en puntos clave: estructura del Estado, mecanismos de control, modernización administrativa, autonomía municipal, ampliación de derechos ciudadanos.
En ese marco, los convencionales podrán trabajar durante 40 días —con posibilidad de una prórroga de hasta 20 días más, si el pleno lo aprueba por mayoría simple—. Las sesiones se desarrollarán en la capital provincial, mientras que algunas comisiones sesionarán también en Rosario.
Al finalizar el trabajo, la Convención podrá optar por una reforma parcial (artículo por artículo) o la redacción de una nueva Constitución consolidada. En cualquiera de los dos casos, se prevé su publicación oficial y entrada en vigencia antes de fin de año.
¿Una nueva Constitución para una nueva Santa Fe?
El contexto no es menor. El país transita una etapa de transformación acelerada, marcada por tensiones institucionales, concentración del poder ejecutivo nacional y un retroceso en derechos adquiridos. En ese marco, la decisión de Santa Fe de revisar su Constitución cobra otra dimensión: no se trata solo de modernizar un texto jurídico, sino de redefinir —desde lo local— una idea de democracia, representación y ciudadanía.
Los convencionales tendrán en sus manos la posibilidad de dejar atrás las estructuras de 1962 y construir una Constitución pensada para el siglo XXI. Será clave que ese debate se dé con apertura, sin automatismos partidarios y con vocación de futuro.
Porque más allá de los artículos, lo que empieza a escribirse hoy es una nueva etapa del pacto santafesino
