Federico Sturzenegger volvió al centro del debate al negar que la reforma laboral impulsada por el Gobierno busque extender la jornada a trece horas. Lo hizo con una mezcla de tecnicismo y provocación: “Es un disparate”, dijo, mientras insistía en que el objetivo del proyecto es “formalizar el empleo y modernizar las reglas”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado presentó la iniciativa como una respuesta a una economía que “hace una década no crea trabajo formal”. En su diagnóstico, los costos laborales y la superposición de regulaciones asfixian a las pymes y distorsionan el sistema: “A la relación laboral le muerden un millón de pesos por año”, lanzó, apuntando a sindicatos, empresarios y abogados como parte del mismo circuito de intereses.
En su exposición, Sturzenegger defendió la idea de romper la unicidad de los convenios colectivos para adaptarlos a las realidades de cada región. Según sus estimaciones, la flexibilidad podría aumentar hasta un 16 % el empleo en el noroeste argentino. Detrás del argumento técnico, se perfila una apuesta política: reposicionar al Gobierno en la agenda económica con la bandera de la productividad.
La aclaración sobre las supuestas “trece horas” buscó frenar el ruido que generaron versiones virales. El texto oficial mantiene los límites legales y solo habilita acuerdos sectoriales con bancos de horas o francos compensatorios. Pero el debate ya trascendió los artículos: es una pulseada simbólica sobre qué significa “modernizar” el trabajo en un país donde la precariedad ya es norma.
En el Congreso, la reforma será el primer test del nuevo equilibrio político. Sturzenegger lo sabe: su defensa técnica también es una apuesta de supervivencia política en un Gobierno que necesita mostrar resultados antes que promesas.
