El Gobierno nacional puso en marcha el Plan Paraná, una iniciativa que busca modificar la forma en que se vigila la Hidrovía y su red portuaria. El anuncio, que llega después de un mes de anticipos y borradores, instala un cambio de escala en una zona clave para el comercio exterior y, al mismo tiempo, para el movimiento de redes ilegales que hace años aprovechan la extensión del río y las debilidades de control.
La resolución publicada este lunes define un esquema de intervención que abarca cinco provincias y casi una decena de bases operativas distribuidas desde Chaco hasta el norte de Buenos Aires. En ese mapa, Santa Fe aparece como uno de los puntos más sensibles, aunque el Gran Rosario quedó fuera del primer listado de localidades estratégicas. La decisión generó ruido político, pero el Ministerio de Seguridad insistió en que la ausencia no implica menor prioridad, sino un diseño que se ajustará con el avance de las fases operativas.
El plan apunta a reforzar la prevención del narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, delitos que encuentran en la Hidrovía un corredor ideal para moverse entre jurisdicciones. Para enfrentar ese escenario, la estrategia combina presencia física de fuerzas federales con un paquete de herramientas tecnológicas que incluyen radares, drones, cámaras térmicas, escáneres de contenedores y sistemas de monitoreo en tiempo real. La lógica es simple: ampliar la vigilancia en un territorio donde cada día circulan unas 300 barcazas y donde las limitaciones de control suelen jugar a favor de organizaciones transnacionales.
La geografía del proyecto divide el corredor fluvial en seis polígonos. El tramo que involucra a Santa Fe va desde Paraná hasta San Nicolás, área donde se concentran buena parte de los puertos públicos y privados del país. Allí se desplegarán nuevas rutinas de patrullaje, chequeos aleatorios y operativos coordinados, además de una instancia específica para evaluar si los cambios generan resultados inmediatos. La fase avanzada, en tanto, buscará ir más allá de la detección y apuntará a la investigación directa de redes criminales.
Junto con las bases operativas, el Gobierno creó un Comando Unificado encabezado por Prefectura e integrado por la Policía Federal, Gendarmería, PSA y representantes de la Secretaría de Seguridad. Las provincias podrán sumar enlaces propios para articular intervenciones en tierra, una pieza clave en zonas donde la frontera entre lo fluvial y lo urbano es cada vez más difusa.
El despliegue abre un interrogante que excede la seguridad: cuánto podrá modificarse una estructura criminal que se mueve desde hace décadas sobre un corredor económico vital. El éxito del plan dependerá de su continuidad en el tiempo, de la coordinación entre jurisdicciones y de la capacidad para sostener controles sin afectar la logística diaria de un sistema que mueve buena parte de las exportaciones del país.
