La escena se repite con una regularidad incómoda. Un hecho violento irrumpe en la agenda local, ocupa titulares durante horas y se diluye sin dejar una respuesta visible. No se trata solo de balaceras, cuchillazos o robos que terminan mal. Se trata de algo más persistente: la sensación de que la violencia sigue ahí, intacta, mientras el Estado provincial aparece ausente, distante o apenas administrativo.
Enero cerró con un discurso oficial que insistió en la baja de indicadores. Febrero comenzó con hechos que contradicen esa narrativa en el plano más sensible: el de la percepción social. En barrios de Rosario y de la capital provincial, la conversación cotidiana no gira alrededor de estadísticas, sino de episodios concretos, cercanos, difíciles de relativizar. La violencia no se mide en gráficos cuando atraviesa la vida diaria.
La herida de una niña en una balacera, un homicidio tras una discusión mínima, una seguidilla de detenciones por robos violentos. Los hechos no conforman una ola nueva ni un pico excepcional, pero sí consolidan una idea que se repite en comentarios, mensajes y charlas informales: la baja no se siente. Y cuando no se siente, el dato pierde autoridad.
Ese es el núcleo del problema. La seguridad dejó de ser solo una cuestión de resultados y pasó a ser una cuestión de presencia. La gente no discute cuántos delitos hubo, sino dónde estuvo el Estado cuando ocurrió el último. La pregunta no es cuántos patrulleros hay asignados, sino cuántos se ven, cuántos llegan a tiempo, cuántos modifican conductas.
En Rosario, la violencia se volvió un ruido de fondo permanente. No domina todos los días la agenda, pero tampoco desaparece. Aparece de forma intermitente, imprevisible, y erosiona una certeza básica: la de poder circular sin miedo. En Santa Fe, el fenómeno es menos estridente pero igual de corrosivo. Robos, agresiones y conflictos barriales que no escalan mediáticamente, pero que acumulan desgaste social.
La respuesta estatal, cuando existe, suele llegar en clave reactiva. Más controles después del hecho, más anuncios tras la conmoción, más promesas de refuerzo que no siempre se traducen en cambios visibles. Esa lógica defensiva puede contener una crisis puntual, pero no reconstruye confianza. Y sin confianza, no hay política de seguridad que funcione.
El Gobierno de Santa Fe enfrenta así un dilema delicado. Sostener el relato de la baja del delito implica apoyarse en datos verificables, pero insistir en ese mensaje cuando la calle cuenta otra historia genera un efecto inverso. No tranquiliza. Irrita. La ciudadanía no rechaza la estadística por ignorancia, sino por contraste con su experiencia.
La brecha entre relato y vivencia se amplía cuando el Estado no logra ocupar el territorio de manera consistente. Presencia no es solo patrullaje. Es control efectivo, es respuesta rápida, es coordinación con municipios, es señal política clara. Cuando eso falta, la violencia encuentra espacio para instalarse como sensación, incluso más allá de su magnitud real.
En este contexto, la seguridad deja de ser una política sectorial y se convierte en un problema de autoridad. Un Estado que no se siente pierde capacidad de ordenar, de prevenir y de persuadir. La violencia, entonces, no necesita crecer para volverse dominante. Le alcanza con persistir.
Febrero suele ser un mes de transición. Menos ruido institucional, menos anuncios, menos épica. Pero esa pausa, en materia de seguridad, se vive como vacío. Y el vacío se llena rápido: con miedo, con enojo, con desconfianza. No hay espera social posible cuando la amenaza parece cotidiana.
El desafío para la provincia no pasa por negar los datos ni por exagerar la crisis. Pasa por reconciliar ambos planos. Que la baja, si existe, se traduzca en una mejora tangible. Que el Estado vuelva a sentirse antes de volver a contarse. Que la presencia preceda al discurso.
Mientras eso no ocurra, la violencia seguirá siendo una experiencia, no una estadística. Y en política, cuando la experiencia contradice al relato, el que pierde siempre es el relato.
