En 10 segundos:
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Qué pasó: Caputo admitió diferencias con Lavagna por el IPC y habló de una nueva EPH.
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Qué cambia desde hoy: El Gobierno confirma que no modificará el índice durante la desinflación.
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A quién le pega: Indec, credibilidad estadística, oposición y narrativa económica oficial.
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Qué mirar ahora: Si la nueva encuesta se convierte en salida ordenada o en nueva controversia.
Santa Fe, 6 de febrero de 2026.
La salida de Marco Lavagna del Indec abrió una discusión que el Gobierno prefería mantener encapsulada en el plano técnico. Pero las declaraciones posteriores del ministro de Economía terminaron de correr el velo: la decisión de no actualizar el Índice de Precios al Consumidor no responde solo a criterios metodológicos, sino a una definición política sobre cómo cerrar el proceso de desinflación sin alterar las reglas del juego.
Luis Caputo fue explícito. Reconoció que tanto el IPC vigente como el índice que se preparaba para reemplazarlo se basan en una Encuesta Permanente de Hogares de 2018. Admitió, además, que los patrones de consumo actuales difieren sustancialmente de los de hace ocho años, atravesados por una pandemia, cambios tecnológicos y transformaciones en los hábitos cotidianos. Sin embargo, el Gobierno optó por sostener la medición actual hasta completar la baja de la inflación.
El argumento central es la comparabilidad. Cambiar el índice en medio del proceso implicaría, según el oficialismo, medir “peras con manzanas” y abrir la puerta a interpretaciones cruzadas sobre la evolución real de los precios. En esa lógica, la continuidad del IPC no busca negar el desfasaje, sino administrar el momento político del cambio. El problema es que esa decisión tensiona la frontera entre estadística y estrategia.
Lavagna impulsaba la actualización. Tenía fecha, cronograma y aval técnico. Caputo y el presidente Javier Milei no estaban de acuerdo. Allí se produjo el quiebre. No fue un debate menor ni una diferencia de matices: fue una discrepancia sobre el sentido del índice en un contexto de fuerte ajuste y alta sensibilidad social. El Indec, históricamente celoso de su autonomía técnica, quedó atrapado en una pulseada que excedía su función.
El Gobierno eligió el control del relato económico. La desinflación es el activo político central de la gestión y cualquier modificación en la medición podía introducir ruido en una narrativa que se apoya en la comparación mensual y en la tendencia descendente. Desde esa perspectiva, cambiar el IPC ahora implicaba correr el riesgo de reabrir discusiones sobre resultados, credibilidad y efectos distributivos.
Caputo fue más allá y denunció una “campaña política” montada por la oposición y sectores del periodismo. Según su mirada, el debate técnico fue utilizado para generar incertidumbre y provocar un “nuevo escalón” inflacionario. Esa lectura refuerza la idea de que el índice dejó de ser solo una herramienta estadística para convertirse en un campo de disputa política.
La promesa de una nueva Encuesta Permanente de Hogares aparece, en este contexto, como una válvula de escape. El ministro reconoció que es necesario actualizar la base de consumo y dejó abierta la puerta a un nuevo relevamiento que refleje la realidad actual. Pero el mensaje es claro: ese cambio vendrá después. Primero, cerrar el ciclo de desinflación con la vara conocida; luego, rediscutir la metodología.
El riesgo de esta estrategia es doble. Por un lado, erosiona la percepción de autonomía técnica del Indec, incluso cuando el Gobierno reivindica perfiles profesionales y defiende a su conducción actual. Por otro, instala la idea de que los índices se mueven según conveniencia temporal, una herencia incómoda en un país con antecedentes de manipulación estadística.
La polémica también expuso tensiones internas. Caputo no evitó confrontar con exfuncionarios y críticos del propio espacio, a quienes descalificó con dureza. Esa reacción sugiere que el tema tocó una fibra sensible: el límite entre la convicción económica y el costo político de admitir que la medición necesita cambios urgentes.
En paralelo, el ministro aprovechó el escenario para reafirmar el modelo económico en otros frentes: apertura comercial, competencia, reducción de precios relativos y confrontación con sectores industriales que cuestionan el rumbo. Todo quedó enganchado en una misma narrativa: el Gobierno como garante de un cambio estructural frente a intereses que buscan preservar privilegios.
El caso del IPC funciona así como síntesis. No es solo una discusión sobre encuestas y ponderaciones, sino sobre el control del tiempo político. Cuándo cambiar, quién decide y bajo qué condiciones. La salida de Lavagna marcó un límite. La nueva EPH promete ser el puente. Lo que queda por verse es si ese puente ordena la transición o si abre un nuevo frente de conflicto cuando llegue el momento de cruzarlo.
Por ahora, la decisión está tomada. El índice no se toca. La inflación se mide como hasta ahora. Y la estadística, una vez más, queda subordinada al pulso de la política económica.
