En 10 segundos:
• Qué pasó: Ian Moche pidió a Diputados que sancione o expulse a Lilia Lemoine.
• Qué cambia desde hoy: El agravio ingresa formalmente al ámbito institucional.
• A quién le pega: A la Cámara baja, al oficialismo y al clima del debate público.
• Qué mirar ahora: La respuesta reglamentaria y política del Congreso.
Buenos Aires, 6 de febrero de 2026.
El conflicto dejó de ser una polémica en redes y pasó a convertirse en un expediente político. Ian Moche, un niño de 12 años conocido por su activismo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, presentó una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para que evalúe la aplicación de una sanción disciplinaria o la expulsión de la diputada nacional Lilia Lemoine, a quien acusa de incurrir en “inhabilidad moral” por expresiones públicas dirigidas contra él y su madre.
La presentación se produjo luego de declaraciones de la legisladora de La Libertad Avanza en las que afirmó que el niño “actuaba como autista” y cuestionó la salud mental de su madre, Marlene Spesso. La gravedad del contenido y el hecho de que el destinatario sea un menor de edad convirtieron el episodio en algo más que un cruce discursivo: lo transformaron en un problema institucional.
El reclamo fue formalizado con patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien comunicó públicamente la presentación y sostuvo que ahora “los representantes del pueblo tienen la palabra”. La frase no fue casual. El pedido traslada la discusión al terreno donde el Congreso debe definir si existen límites internos al discurso de sus miembros.
El caso no surge en el vacío. Ian Moche ya había sido cuestionado previamente por figuras del oficialismo nacional. En un episodio anterior, el presidente Javier Milei replicó en redes sociales un mensaje que vinculaba al niño con una supuesta operación política, desacreditando su reclamo contra los recortes en el área de discapacidad. Aquella intervención derivó en denuncias por hostigamiento y violencia simbólica por parte de la familia.
La diferencia, ahora, es el nivel de institucionalización del conflicto. Las expresiones atribuidas a Lemoine avanzaron sobre la condición del niño y sobre la figura de su madre, incorporando un componente personal que tensionó los márgenes habituales del debate político. Frente a eso, la familia optó por activar los mecanismos formales del Congreso.
El pedido invoca la figura de “inhabilidad moral”, un concepto previsto en la Constitución Nacional y en los reglamentos parlamentarios, pero de aplicación excepcional. Históricamente, los pedidos de sanción o expulsión rara vez prosperan. Sin embargo, su sola presentación instala una discusión incómoda: hasta dónde llega la libertad de expresión de un legislador y en qué punto comienza su responsabilidad institucional.
En el oficialismo, el episodio abre una tensión adicional. La Libertad Avanza consolidó un estilo confrontativo que desafía consensos previos y utiliza el agravio como herramienta discursiva. Cuando ese registro alcanza a un menor de edad y a un colectivo históricamente vulnerado, el costo político se vuelve más difícil de administrar.
Para sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la discapacidad, el caso vuelve a poner en agenda la degradación del lenguaje público y la naturalización de la descalificación personal. El reclamo de Ian Moche adquiere, en ese marco, un valor simbólico que excede el desenlace reglamentario.
Más allá de cómo resuelva la Cámara baja, el episodio deja una marca. No solo por el contenido del pedido, sino por quién lo formula. Un niño que recurre al Congreso para exigir límites al agravio político obliga al sistema a mirarse a sí mismo. La respuesta institucional no definirá solo una sanción. Definirá, también, qué umbrales está dispuesto a sostener el debate democrático.
