En 10 segundos:
• Qué pasó: Argentina firmó un acuerdo económico con Estados Unidos.
• Qué cambia desde hoy: Se habilitan impactos rápidos en carnes, patentes y comercio.
• A quién le pega: A sectores productivos, farmacéuticos, industriales y al Congreso.
• Qué mirar ahora: La aprobación legislativa y las reformas pendientes.
Buenos Aires, 6 de febrero de 2026.
El acuerdo económico sellado entre la Argentina y Estados Unidos comenzó a mostrar sus primeros efectos antes incluso de completar su recorrido institucional. Aunque la Casa Rosada proyecta una implementación plena en un plazo de tres años, el Gobierno de Javier Milei apuesta a resultados visibles en el corto plazo, con la expectativa de consolidar respaldo político y enviar señales claras a los mercados.
La presentación oficial del pacto estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno, en una escena cuidadosamente alineada con la estrategia internacional del Gobierno y su acercamiento a Donald Trump. El mensaje fue explícito: el acuerdo ya está operativo, pero su consolidación definitiva dependerá del Congreso.
El primer paso formal será la aprobación parlamentaria del tratado, que deberá ser votado tanto en Diputados como en el Senado. En la Casa Rosada consideran ese aval como el principal blindaje de seguridad jurídica. Sin embargo, en paralelo, el Poder Ejecutivo avanzará con decisiones administrativas que no requieren aprobación legislativa, acelerando cambios que ya empiezan a impactar en sectores concretos de la economía.
Uno de los efectos más inmediatos se observa en el complejo cárnico. El mismo día de la firma del acuerdo, Trump rubricó una orden ejecutiva que amplía el cupo de carne argentina con acceso al mercado estadounidense. Según estimaciones oficiales difundidas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la medida permitiría quintuplicar las exportaciones del sector y sumar alrededor de 800 millones de dólares en ventas externas.
Otro frente sensible es el de la propiedad intelectual. En las próximas semanas, la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal, deberá publicar resoluciones para derogar normativas locales que entran en conflicto con el acuerdo. En particular, se eliminarán criterios de patentabilidad en sectores farmacéuticos y biotecnológicos, un punto que ya generó fuerte resistencia en la industria nacional.
En ese marco, el Gobierno busca que el Congreso apruebe antes de fines de abril la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que ya cuenta con aval del Senado. La Argentina aún no forma parte de ese sistema internacional, lo que limita la protección global de desarrollos científicos locales. Para el Ejecutivo, la adhesión ampliaría oportunidades de innovación; para los laboratorios nacionales, representa un riesgo para la producción y el empleo.
La tensión se profundiza con otro cambio previsto en el acuerdo: el ingreso al mercado argentino de medicamentos aprobados por la FDA estadounidense sin necesidad de validación adicional. Desde la Casa Rosada sostienen que la medida acelerará la competencia y permitirá reducir costos, además de abrir la puerta para que productos argentinos accedan a un mercado de más de 300 millones de consumidores.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una serie de decretos para modificar el esquema arancelario. El acuerdo contempla la eliminación de cargas para más de 200 posiciones arancelarias de productos estadounidenses, reducciones adicionales y la asignación de cuotas específicas para vehículos, carnes y otros productos agrícolas. En el sector automotor, por ejemplo, se prevé una cuota anual de 10.000 unidades, con impacto visible ya durante 2026.
El Gobierno también destaca la eliminación de aranceles recíprocos para más de 1.600 productos argentinos y la fijación de un tope máximo del 10% para el resto del nomenclador. Según el oficialismo, este punto mejora la competitividad argentina frente a otros países y explica el superávit comercial bilateral registrado el año pasado.
Sin embargo, el camino hacia la implementación completa está lejos de ser lineal. Además del tratado principal, el Congreso deberá refrendar al menos diez acuerdos internacionales y modificar leyes que contradicen lo firmado en Washington. Ese proceso legislativo se perfila como un nuevo escenario de disputa política, con una oposición que ya advierte sobre posibles impactos negativos en la industria local y el empleo.
Sectores del kirchnerismo, la izquierda y parte del entramado pyme cuestionan la reciprocidad del acuerdo y alertan sobre una apertura que podría profundizar asimetrías productivas. En la Casa Rosada rechazan esas críticas y defienden el alineamiento con Estados Unidos como una condición necesaria para reposicionar a la Argentina en el comercio global.
Más allá de las proyecciones oficiales, el acuerdo ya funciona como un test político. Mientras el Gobierno busca capitalizar efectos rápidos, el Congreso aparece como el próximo campo decisivo. Allí se definirá no solo la viabilidad jurídica del pacto, sino también el alcance real de una estrategia que apunta a redefinir la inserción económica del país.
