En 10 segundos:
• Qué pasó: la CGT definió un paro general por 24 horas para el inicio de la sesión en Diputados.
• Qué cambia desde hoy: la pelea pasa del Senado a la calle, con la huelga como herramienta de presión directa.
• A quién le pega: transporte (colectivos y trenes), actividad comercial y servicios; Rosario y Santa Fe sienten el impacto por logística y movilidad.
• Qué mirar ahora: si el oficialismo confirma día y temario; y cuánto “cierra” el frente del transporte para garantizar acatamiento.
Santa Fe, 16 de febrero de 2026.
La CGT eligió una fecha que no es una fecha: convocó al paro general para el momento exacto en que Diputados empiece a tratar la reforma laboral. En la práctica, eso significa que la huelga quedará pegada a la agenda parlamentaria. Puede ser este jueves 19 o el miércoles 25, según cuándo se habilite el debate. La central obrera busca que la medida tenga una sola lectura posible: el costo político de avanzar con el proyecto se paga el mismo día, a la misma hora.
La decisión tiene un detalle que la vuelve más nítida. Será una medida de 24 horas sin movilización al Congreso. No es un gesto menor: desplaza la épica de la marcha y la reemplaza por el músculo de la interrupción. Un paro sin foto puede ser, a la vez, más silencioso y más difícil de relativizar. La apuesta es que el impacto cotidiano hable solo.
El dato operativo que vuelve creíble la amenaza es el respaldo del transporte. La CGT salió a asegurar adhesiones clave: UTA, Unión Ferroviaria, la CATT y La Fraternidad. En un país donde el transporte define si una huelga se siente o se comenta, ese bloque funciona como garantía de daño. Y en Santa Fe, donde el Gran Rosario y el área metropolitana de la capital dependen de la circulación diaria para sostener trabajo, comercio y logística, el paro deja de ser una discusión política abstracta y pasa a ser un problema de movimiento.
También hay una lectura interna. La central llega a este punto después de semanas de tensión social acumulada por la reforma y de un debate áspero en el Senado. La conducción del triunvirato necesita mostrar autoridad sin quedar atrapada en una escalada permanente. Atar el paro al trámite legislativo ordena el conflicto: no es una protesta “contra todo”, es una advertencia con blanco específico y ventana acotada. Si el proyecto no se trata, no hay paro. Si se trata, el paro cae.
Esa precisión es el mensaje para el Gobierno. El oficialismo puede sostener que la reforma busca “modernizar” el mercado de trabajo, bajar litigiosidad o incentivar empleo formal. Pero el sindicalismo interpreta otra cosa: una reescritura de reglas con traslado de riesgos hacia el trabajador. Por eso el paro se presenta como respuesta “defensiva”, aun cuando su herramienta sea ofensiva: frenar el país para condicionar el voto.
En paralelo, hay un capítulo de clima político. En un año que recién arranca, este sería el primer paro general de 2026 y el cuarto desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La repetición, por sí misma, juega en dos direcciones: puede desgastar a quien convoca, pero también instala la idea de un gobierno que no logra desactivar conflictos mayores y termina negociando siempre bajo presión.
En Santa Fe, la discusión nacional se mezcla con preocupaciones locales. El impacto de un paro fuerte se siente en la calle, pero también en la producción y en los servicios ligados al transporte de cargas y al movimiento urbano. Rosario tiene puertos, camiones, turnos, cadenas de abastecimiento. La capital provincial tiene administración pública, comercio, hospitales, escuelas. Cuando el transporte se detiene, el paro deja de ser un comunicado y se convierte en logística.
Lo que sigue es un juego de minutos y de señales. La Cámara de Diputados definirá el día. El Gobierno intentará mostrar control de la agenda. La CGT intentará mostrar control del daño. Y en el medio, millones de personas mirarán lo mismo que siempre miran antes de un paro: si pueden llegar, si pueden trabajar, si el conflicto vuelve a caerse sobre su rutina.
