En 10 segundos:
Qué pasó: investigan droga hallada en un patrullero y una presunta coima en una comisaría
Qué cambia desde hoy: Asuntos Internos y la Justicia revisan dos episodios que comprometen a la fuerza
A quién le pega: a la conducción policial, a los controles internos y a la confianza pública
Qué mirar ahora: si las investigaciones llegan a responsabilidades concretas dentro de la estructura
Santa Fe, 27 de abril de 2026. El problema excede el impacto inicial de los hallazgos. En los dos casos, la señal aparece dentro del propio sistema policial: un móvil oficial y una dependencia de atención al público.
El primer episodio ocurrió en una base del Comando Radioeléctrico ubicada sobre avenida Galicia al 2300, en barrio Villa María Selva. Durante un relevo de guardia, personal de la fuerza detectó elementos fuera de lo habitual dentro de un patrullero.
El procedimiento derivó en el secuestro de 28 envoltorios con cocaína, dos paquetes de nylon con la misma sustancia, un envoltorio con marihuana, una balanza digital de precisión y un arma de fuego. La presencia de esos elementos dentro de un vehículo oficial abrió una línea de investigación sensible: cómo llegaron allí y si hubo participación policial.
La causa quedó bajo intervención del fiscal Ezequiel Hernández. La División de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Policía de Investigaciones de la Región 1, trabaja sobre las pericias. Hasta el momento, por ese hecho no hay detenidos.
El segundo caso golpeó a la Seccional 8ª, ubicada en General Paz al 7300. Allí, un hombre denunció que efectivos le habrían pedido dinero para restituirle una motocicleta previamente secuestrada.
La intervención de Asuntos Internos incluyó una entrega controlada con billetes marcados. Según la investigación, ese dinero habría sido recibido por los policías involucrados, lo que derivó en la aprehensión de tres uniformados.
El episodio también provocó el relevo del jefe y del subjefe de la dependencia. Esa decisión muestra que la investigación ya no apunta solo al hecho puntual, sino al funcionamiento de una comisaría donde el trámite de un vecino terminó convertido en causa penal.
Los dos expedientes corren por carriles distintos, aunque dejan una pregunta común: cuánto control real existe sobre los lugares donde la Policía debería producir seguridad, custodiar procedimientos y sostener autoridad pública.
La respuesta judicial definirá responsabilidades. La respuesta institucional marcará si estos casos quedan como episodios aislados o como una alerta más profunda sobre los mecanismos de control dentro de la fuerza.
