En 10 segundos:
Qué pasó: imputaron a dos presuntos jefes de una organización dedicada a vender cocaína en Santa Fe
Qué cambia desde hoy: la causa muestra una estructura con logística territorial, dinero digital y conducción carcelaria
A quién le pega: a Reconquista, Avellaneda, Santa Fe y al sistema penitenciario provincial
Qué mirar ahora: si la investigación alcanza a prestanombres, familiares y nuevos operadores de la red
Reconquista, 14 de mayo de 2026. La causa narco que avanzó en Reconquista tiene una escena que ya se volvió central para entender el delito organizado en Santa Fe: una parte de la conducción seguía activa desde la cárcel.
Según la investigación federal, Darío Sosa coordinaba movimientos de cocaína desde el penal de Coronda, donde cumplía una condena anterior por drogas. Desde allí habría intervenido en la logística, los pagos y el vínculo con vendedores que operaban en distintas ciudades.
El otro imputado de mayor peso es Néstor Daniel Bejarano, alias “Piojo”, señalado como proveedor mayorista y eslabón superior de la organización. Tiene domicilio en Sauce Viejo y quedó bajo investigación por tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
El juez federal Aldo Alurralde dictó prisión preventiva por 120 días para los dos principales acusados y fijó un plazo de 180 días para profundizar la causa. En total, la investigación ya tiene diez personas detenidas y un prófugo.
El expediente describe una red con alcance territorial amplio. La droga se distribuía desde Reconquista y Avellaneda hacia la ciudad de Santa Fe, con ramificaciones que combinaban venta barrial, abastecimiento mayorista y movimientos de dinero a través de billeteras virtuales y cuentas bancarias a nombre de terceros.
Ese punto es uno de los más sensibles. La investigación apunta a determinar quiénes facilitaron cuentas, nombres y estructuras financieras para sostener el circuito económico. En los allanamientos se secuestraron vehículos, motos, cuatriciclos, una embarcación, dispositivos electrónicos y documentación vinculada al movimiento de fondos.
La Fiscalía también identificó roles intermedios. Gisela Noemí Fernández fue señalada como responsable de fraccionar, distribuir y coordinar pagos en Reconquista. Francisco Andrés Aguirre, su pareja, habría intervenido en la venta callejera y la recolección de dinero. Irina Abigail Alegre y Thiago Daniel Gutiérrez quedaron ubicados como proveedores barriales abastecidos por Bejarano.
La escala de la causa muestra un cambio operativo: el narcomenudeo dejó de aparecer como suma de puntos aislados y empezó a leerse como una trama conectada por dinero digital, prisiones, prestanombres y logística regional.
La decisión judicial mantiene detenidos a los acusados mientras avanza el análisis de cuentas, teléfonos, bienes y posibles vínculos. El tramo que viene será decisivo para saber si el expediente se limita a los operadores ya identificados o si alcanza a quienes prestaron estructura para que la organización siguiera funcionando.
