El plenario de secretarios generales decidió tramitar con carácter de urgente un reunión con el ministro de Trabajo a raíz de los despidos de jornaleros en la localidad de Arrufó. Claudio Leoni, remarcó que existe un sistema en el que «todo el poder recae sobre el presidente comunal o el Intendente» y aseguró que el líder comunal de Arrufó «está incumpliendo y violando normas de derechos humanos reconocidos internacionalmente» Además, hubo críticas a los tarifazos y al despido de trabajadores precarizados.
A raíz de los despidos de jornaleros en la comuna de Arrufó, Festram gestionará una reunión con la cartera de Trabajo y el área de Municipios y Comunas. El objeto es prevenir situaciones similares otras localidades de la Provincia de Santa Fe. Claudio Leoni, secretario General del gremio de los Municipales, informó que están “esperando la convocatoria formal del ministerio de trabajo para dejar clara la situación que se está viviendo”.
Según Leoni, el presidente comunal de la localidad del departamento San Cristóbal, Cristian Piumatti, está arremetiendo contra “derechos humanos esenciales” y detalló que está haciendo contratos de manera “ilegal” y tiene trabajadores “en condiciones infrahumanas” sin “seguridad laboral” o “derecho a la salud o jubilación”. Atribuyó la actitud del presidente comunal a un “sistema en el que recae todo el poder político sobre el presidente comunal o el intendente”. Y agregó: “no cabe ninguna duda que esto es un instrumento de clientelismo político“.
El titular de Festram, indicó que se solicitó la urgente reunión con ministro de Trabajo ya que, dado el conflicto, se requiere de “un accionar político institucional” porque “no alcanza con la acción gremial.
Por otra parte, Leoni señaló que Festram hizo el anuncio público de un proyecto que está Legislatura provincial para “poner límite a este tipo de modalidad que llevan adelante los presidentes comunales e Intendentes”, como así también para se tome cuenta de “las subcomisiones laborales de los trabajadores precarizados que existen” alrededor de la provincia. Así se perseguirá contar con herramientas para evitar “la violación de derechos laborales que el derecho debería tutelar” y para encarar el problema de la “transparencia en la transferencia de recursos”.
El gremio de los municipales, acusa la existencia de “muchos trabajadores informales que son pagados con recursos del Estado que no están presupuestados” y de la utilización de “partidas dibujadas para poder hacer este tipo de contratación ilegal y llevar adelante procesos de clientelismo político“. “Esto es producto de la falta de control del uso de recursos públicos que tienen los intendentes y presidentes comunales”, disparó Leoni.
