Desde el gobierno aseguran que aún no comenzaron a difundir programas y beneficios a través de las redes sociales. Hay temor de que los datos personales que tiene la ANSES lleguen a consultoras privadas.
La polémica por el uso de datos personales de la ANSES por parte de la Jefatura de Gabinete continúa: mientras en el gobierno aseguran que aún no han comenzado las campañas de comunicación «no propagandística» -aclaran que para difundir programas y beneficios en forma más «efectiva» a través de las redes sociales-, se multiplican las denuncias judiciales por la supuesta violación a los normas que protegen los datos personales y el temor a que los mismos lleguen a consultoras privadas.
El 25 de julio pasado se publicó en el Boletín Oficial la resolución 166 E/2016 y su anexo 1 por el cual se acordaba entre el ANSES y la jefatura de Gabinete de Ministros el traspaso de datos del organismo a la secretaría de Comunicación Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete).
Los listados incluirán nombre y apellido de cada ciudadano, DNI, CUIT o CUIL, fecha nacimiento, domicilio, email, teléfono celular, estudios cursados y estado civil vinculados a los eventuales beneficios que reciban del estado ya sea un plan social o jubilación.
Ante las primeras acusaciones de la oposición por la posible manipulación de esos datos sensibles, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, respondió que el objetivo no tiene que ver con la comunicación política o propagandística sino «mejorar el vínculo no de un gobierno sino del Estado con los ciudadanos’.
Antes que los diputados del FpV presentarán en la justicia las denuncias contra Peña por violación de los deberes de funcionario público y una medida cautelar colectiva para suspender el convenio, la abogada Valeria Carreras interpuso el 26 de julio el primer amparo contra esta resolución por considerarla inconstitucional.
«Viola el artículo 43 inciso 3, que protege mi derecho a la intimidad preservando mis datos sensibles como color político, etnia, raza e inclinación sexual. Justamente al revelar mi estado civil se vulnera mi derecho a preservar mi elección sexual», justifica la letrada, conocida por patrocinar a víctimas de violencia de género.
Otro de los fundamentos expresados en el recurso es que la ley de Protección de Datos (25326) no permite el cambio de destino de la información brindada por una persona salvo su consentimiento o que esté en bases de acceso público, «menos el estado civil».
«También incorpore una prueba aportada en la denuncia ante el juez (Ariel) Lijo por el uso de datos por parte de la Casa Rosada respecto de una particular que nunca le dio ese dato al gobierno nacional, y luego probé que en un segundo mail oficial a la misma clienta ya estaba ella segmentada por sus gustos o preferencias pues se le envío un mail de protección de humedales. Y ella está registrada en Green Peace», remarca.
Por último, la letrada anticipa que en breve radicará una denuncia penal por la «obsesión» de los dirigentes del PRO por el uso de las redes sociales con información sensible de la ciudadanía. «Voy a demostrar que el anexo 1 de la resolución no tiene ningún tipo de seguridad informática dejándonos expuestos a todos los argentinos a cualquier tipo de manipulación de nuestros datos, a expensas de hackers. Y, detrás de las buenas intenciones expresadas por el gobierno, está la sospecha de que nuestros datos serán manejados por consultoras privadas», concluye.
