Reflotaron un proyecto para aplicarlo a egresados de las universidades públicas santafesinas. Podrían cobrarles hasta mil pesos anuales, destinados a becas estudiantiles. Malestar en colegios de los diferentes rubros, que se reunirán este martes
La posible aprobación en la Legislatura de un proyecto que establece la creación de becas universitarias a costas de un nuevo impuesto que se cobraría a egresados de las diferentes facultades de la provincia generó esta semana una fuerte controversia. Desde los colegios que nuclean a profesionales de diferentes rubros expresaron su malestar y este martes mantendrán una reunión para tratar el tema.
La iniciativa, de los diputados provinciales Leandro Busatto (Frente para la Victoria) y Ricardo Olivera (Santa Fe para Todos), y apoyada por su par Verónica Benas (Pares), insiste desde hace dos años con la idea de un nuevo Instituto Provincial de Solidaridad Educativa, destinado a otorgar becas a estudiantes universitarios o de institutos de nivel superior en toda Santa Fe.
La polémica nace por el origen de los fondos que contempla la propuesta: un impuesto mensual de unos 80 pesos a todos los profesionales de la provincia recibidos en las universidades estatales, que deberían desembolsar así unos 1.000 pesos anuales por el nuevo tributo.
Benas, que no es autora del proyecto pero que dice acompañar “por coincidir filosóficamente con la idea”, aclaró que el texto está “todavía en análisis” y que el importe podría ser menor, de aproximadamente 60 pesos cada 30 días, o bien establecerse a través de una alícuota para cobrar un porcentaje de acuerdo a la facturación de cada uno.
“Las becas que hay son menores, no son suficientes. Y esto amplía muchísimo la capacidad de becar a estudiantes”, argumentó la legisladora este lunes, en diálogo con Radio 2.
En el programa La primera de la tarde, reconoció que la idea generó una “furiosa resistencia” en los diferentes colegios profesionales y por eso adelantó que, “en función de este desacuerdo, se está pensando en suma fija de menor importe, o bien una alícuota”, ya que la mayoría de los profesionales no tiene un salario estable sino un ingreso variable.
“Hay que discutir su implementación y su peso”, insistió, conciente de lo “controversial” de la medida, y deslizó que el impuesto podría extenderse “no sólo a egresados sino a funcionarios de los tres poderes”.
Sobre el objetivo concreto, explicó que se trataría de “un fondo que ayude a aquellos sectores de la población que no tienen recursos para asistir a la universidad hoy”. Beneficiaría también a alumnos de institutos de nivel superior de toda la provincia.
“Este proyecto es tomado y adecuado del Instituto Autárquico Becario Provincial de Entre Ríos, el cual lleva 25 años de funcionamiento con una expansión impresionante en todas las carreras y todos los niveles de la educación pública, con el compromiso indispensable de todos los actores”, esgrimió oportunamente Busatto.
Cabe destacar que el proyecto fue ingresado en la cámara de Diputados en 2012 y perdió estado parlamentario, por lo que se volvió a ingresar con modificaciones sustanciales que fueron consensuadas, según los responsables, con los sectores que estarían involucrados en caso de aprobarse.
Malestar entre los profesionales
Sin embargo, desde las entidades que nuclean a profesionales de los diferentes ámbitos sólo expresaron rechazo a la iniciativa. Este martes, en el Colegio de Abogados de Rosario, habrá una reunión interdisciplinaria donde se debatirá el tema.
De antemano, creen que el proyecto de ley genera “la disposición de un nuevo tributo” al que consideran “a todas luces injusto, arbitrario, discriminatorio e inconstitucional”, según un comunicado elevado a la propia Cámara baja de la Legislatura.
Sostienen, en ese sentido, que “se presenta bajo el engañoso manto de la solidaridad” y que “atenta contra la gratuidad de la universidad pública”, entre otros considerandos.
