La crisis salarial que atraviesan los docentes universitarios volvió a hacerse visible en Rosario. La Coad, gremio que nuclea a los profesores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), anunció un paro de cuatro días —del lunes 11 al jueves 14 de agosto— en reclamo de mejoras salariales y condiciones de trabajo. La medida empalmará con el feriado del viernes 15, convirtiéndose en una semana sin clases en la universidad más grande del sur santafesino.
Pero detrás del paro hay un diagnóstico más profundo. Según el secretario general del gremio, Federico Gayoso, el sistema universitario está en una situación “crítica”, empujado por una pérdida del poder adquisitivo que —según sus cálculos— acumula un 90% de diferencia entre inflación y aumentos desde la asunción del actual Gobierno nacional. “La baja salarial que venimos sufriendo no tiene punto de comparación histórica por la magnitud y por la velocidad”, aseguró.
El conflicto no es nuevo, pero sí ha adquirido una gravedad inédita. Además de las dificultades para sostener los ingresos personales, los docentes señalan un impacto colateral: la obra social del sector se encuentra al borde de la quiebra y ya no garantiza coberturas básicas. El deterioro se extiende, según Gayoso, a la posibilidad misma de sostener la vocación: “Dos de cada tres docentes encuestados en 30 universidades del país afirmaron que tuvieron que buscar otro trabajo para completar sus ingresos”.
Más alarmante aún, el informe gremial revela que un 40% de los docentes encuestados dijo haber reducido sus gastos en alimentación, y un 22% en salud. Lo que antes era un ajuste, hoy es una renuncia: “Todos los días vemos cómo renuncian compañeros a cargos que luego no pueden cubrirse. Se rompe la cadena de formación: los más experimentados se van, y los concursos quedan desiertos”.
El paro docente, en este contexto, no es sólo una protesta sectorial. Es una señal de alarma sobre la sostenibilidad del sistema universitario público, un componente estratégico del entramado productivo, institucional y científico del país. “A nosotros no nos gusta hacer esto”, aclaró Gayoso. “Nuestro lugar es en el aula. Pero así no se puede más. Y si no defendemos la universidad hoy, quizás mañana no haya universidad a la cual salir a defender”.
El conflicto interpela de manera directa al Gobierno nacional, pero también a los liderazgos provinciales y municipales. Las universidades, aunque autónomas, son parte de un ecosistema educativo, científico y social más amplio, que se ve afectado cuando se desfinancia una de sus piezas centrales. Lo que está en juego es más que un salario: es el equilibrio de un modelo que articula formación, desarrollo y ciudadanía.
