El fútbol argentino, esa pasión que a menudo funciona como ansiolítico social, está atravesando su propia crisis institucional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo la lupa de la justicia federal, que investiga un presunto desfalco de proporciones colosales: más de 111 millones de dólares sin justificación contable clara. El escándalo golpea directamente en la línea de flotación de su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, cuya imagen pública se desploma al ritmo de las revelaciones.
La investigación judicial avanza sobre un entramado opaco de contratos, ingresos por derechos de televisión y manejos discrecionales de los fondos que genera la selección campeona del mundo. Mientras tanto, el gobierno nacional mantiene una postura de «dejar hacer» a la justicia, negando por ahora una intervención directa, pero observando con atención el desgaste de una dirigencia que muchos consideran anacrónica y feudal.
Este frente judicial amenaza con desestabilizar la organización del fútbol local justo cuando se definen formatos de torneos y se negocian contratos millonarios. La «Pax Tapia», construida sobre los éxitos deportivos de la era Scaloni, parece estar llegando a su fin, carcomida por las sospechas de corrupción y una gestión que no logra estar a la altura del prestigio global de sus jugadores.
