SANTA FE — En un edificio vidriado, alquilado pero cuidadosamente acondicionado, se inauguró esta semana una unidad que no es solo una dependencia judicial más. La flamante Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa) comenzó a funcionar en pleno centro de la capital provincial. Y con ella, se puso en marcha también un nuevo lenguaje institucional para abordar lo que hasta ahora se resolvía en los márgenes: el delito cuando el acusado tiene menos de 18 años.
El cambio no es menor. Desde el 21 de junio pasado, en Santa Fe rige un nuevo Código Procesal Penal Juvenil, y la creación de esta unidad marca el inicio de su implementación real. Dos fiscales, ocho empleados provenientes del viejo sistema de juzgados de menores, y una política clara de persecución penal “por objetivos priorizados” integran la base de esta transformación. Detrás del vidrio arenado de los boxes donde se tomarán testimonios a víctimas, empieza a delinearse algo más profundo: un modo diferente de entender la responsabilidad, la protección y el castigo cuando los protagonistas aún no son adultos.
Primeras cifras, primeras preguntas
“Desde que el nuevo sistema entró en vigencia, ya tuvimos 353 denuncias por hechos cometidos por menores en toda la provincia”, informó la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, durante el acto de inauguración. De ellas, unas 80 ocurrieron en Santa Fe capital. La mitad involucró a adolescentes punibles; la otra mitad, a menores no punibles.
Pero más allá del dato duro, lo que interesa es el criterio: según explicó Vranicich, el 25% de esas denuncias encuadran en la categoría de casos graves, considerados como prioritarios en la política penal juvenil. Esa focalización —que apunta a no criminalizar la adolescencia en bloque— es uno de los aspectos centrales del nuevo sistema.
De los juzgados al MPA
El traslado de competencias desde los Juzgados de Menores hacia el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no es solo estructural. Supone también una redefinición de responsabilidades. Ahora, es la Fiscalía la que impulsa las investigaciones, decide a qué hechos se les da prioridad y en qué casos corresponde una respuesta penal. Todo, bajo la lógica acusatoria del sistema general, pero adaptado a las particularidades del proceso juvenil.
“Estamos muy conformes con el funcionamiento inicial”, dijo Vranicich, aunque reconoció que las cifras heredadas son un desafío: más de 900 causas activas en Santa Fe y unas 2.100 en toda la provincia que aún provienen del sistema anterior.
Entre el control y el cuidado
En un país donde la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad reaparece con frecuencia, y donde los discursos punitivistas encuentran terreno fértil, el nuevo enfoque santafesino se mueve en una delgada línea: responder al delito juvenil sin convertir la adolescencia en un blanco penal extendido.
La inauguración de esta unidad —con presencia de figuras como la Defensora General Estrella Moreno Robinson y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García (@claragarcianet)— es una pieza institucional que busca afirmar esa lógica. Y aunque la sede sea alquilada y los recursos, por ahora, limitados, la apuesta es política: empezar a construir un sistema que no niegue el problema, pero que responda con herramientas distintas.
Vranicich lo dijo con claridad: si hay que sumar personal, se sumará. Si hay que redistribuir, se hará. Pero el objetivo no es inflar estructuras, sino optimizar los recursos para que haya respuestas reales a los delitos que efectivamente dañan. Especialmente cuando los que están en juego son los caminos futuros de quienes aún no llegaron a la adultez.
