Según el Proyecto de Ordenanza para la creación del nuevo Código de Preservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico presentado en el Concejo, hay un catálogo de 1.231 edificios antiguos e históricos de Santa Fe de los cuales 512 son patrimonios con diferentes grados de protección y 819 aún pueden catalogarse como tales o sacarse de la lista, de acuerdo a las características de su interior.
Hasta el momento, en Santa Fe cumplían con las características de edificios patrimoniales, todos aquellos inmuebles con más de 80 años y que la Comisión de Patrimonio aceptaba como tales. Cuando la ordenanza N°10.115 de Patrimonio Cultural Histórico-Artístico fue creada -sin demasiadas precisiones- tenían más de 80 años los edificios que se habían construido en 1926 o antes. “Hoy hay muchos edificios en la ciudad, diría casi la mitad, que tienen más de 80 años”, indicó Javier Mendiondo, secretario de Desarrollo Urbano de Santa Fe, en diálogo con Aire Digital.
El funcionario explicó que la nueva ordenanza establece que hay 512 edificios que ya son considerados patrimonios en diferentes grados: monumento, integral y parcial. Esto tiene que ver con el grado de protección que hay que brindarle a los inmuebles. Pero también hay 819 edificios que están incluidos en la lista, pero que no son declarados patrimonio, sino que se necesita “un análisis del estado del edificio” para dejarlos definitivamente en la lista o sacarlos. Estos son los casos de muchas viviendas privadas con más de 80 años, son grandes construcciones y que tienen, sobre todo en sus fachadas, rasgos antiguos a simple vista.
La nueva ordenanza establece una clara categorización de los edificios o zonas patrimoniales de la ciudad, pero a la vez suma la creación de una Comisión Patrimonial con determinadas características y facultades, establece el concepto de Área de Protección de Paisaje Urbano (APPU) y el Fondo Especial para la Preservación del Patrimonio Urbano (FEPPU).
En el terreno que ocupaba la casa de Josué Gollán ya se puede empezar a construir, pero mientras tanto la empresa constructora debe pagar la sanción.
Durante muchos años hubo un punto gris en la normativa con relación a los edificios patrimoniales y sobre qué estaba permitido hacer en y con ellos. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con la casa ubicada en la esquina de Alvear y Bulevar que perteneció a Josué Gollán. El edificio fue destruido desde 2009 hasta 2013 y doce años después se cobró una multa de 36 millones a la empresa propietaria actual, que se utilizó para la remodelación de otro patrimonio de Santa Fe: la estación Mitre. Este caso generó un antecedente y a partir de allí se establecieron sanciones claras para quienes incumplan la norma. El monto de la multa dependerá del patrimonio que se destruye, es decir, quien destruya o modifique el patrimonio, deberá pagar lo que costaría su recuperación. “Uno puede decir: ‘Bueno, destruyo un patrimonio y después pago la multa’, pero lo que cambia desde ahora es que hay alguien que está mirando, hay un Estado controlando”, sostuvo Mendiondo.
El pago de esas multas irá al FEPUU y se utilizará como parte del incentivo para la preservación del patrimonio o para trabajos de recuperación. Este fondo es parte de una iniciativa dispuesta en la norma que busca incentivar en la conservación del patrimonio. Cuenta con líneas de asesoramiento para quienes posean o deban manejar un patrimonio, la extensión del pago de la Tasa General de Impuesto para los 512 patrimonios, el fomento de padrinazgo, la transferencia de edificabilidad mediante CEPT y otras medidas para incentivar que pueden surgir desde el Municipio.
Categorización
El “Catálogo de bienes del patrimonio urbano arquitectónico” que conforma la ordenanza fue realizado y analizado por especialistas. “Es una lista pública, abierta y flexible, que está sujeta a cambios”, afirmó el secretario de Desarrollo Urbano.
Los patrimonios emblemáticos de la ciudad de Santa Fe están categorizados como “Monumento”. Se trata en su mayoría de edificios que son monumentos históricos nacionales o provinciales o los que “posean alguna declaratoria de interés histórico municipal las cuales le dan valor de monumento”, según detalla la nueva norma. Mendiondo dio algunos ejemplos: los conventos de Santo Domingo y San Francisco. Estos lugares tienen protección directa y no se puede demoler ninguna de sus piezas. “Son espacios que generalmente no se reutilizan, sino que se sigue realizando la actividad original, por la que se crearon”, añadió.
Los edificios de protección «integral» son los que tienen valor histórico, social, simbólico, urbano, ambiental, artístico o arquitectónico y son reconocidos como íconos de la ciudad. Muchas de estas piezas recibieron alteraciones que cambiaron el edificio patrimonial. Es por eso que se le pueden realizar modificaciones o adaptaciones en los casos en que sea necesario. En la conservación se incluyen áreas libres y jardines, ya que forman parte de su tipología.
Dentro de los edificios patrimoniales de protección «parcial» se encuentran aquellos que tienen valor histórico, social, simbólico, urbano, ambiental, artístico o arquitectónico y que constituyen “una referencia cultural del sector urbano en el que se implanta, son testimonio de la memoria de la comunidad, son ejemplo de una tradición constructiva destacada, poseen una estructura tipológica de valor o son piezas de valor arquitectónico”, según indica el proyecto. La mayoría de estos tienen modificaciones porque fueron reutilizados, pero debe conservarse el sector considerado de valor.
Por último, en la categoría «cautelar» están comprendidos los edificios que se protegen “suponiendo que su calidad arquitectónica o su cualidad tipológica se encuentran conservadas en el interior del inmueble”, dice la norma, que también indica que la protección es cautelar y que a petición de los dueños se puede realizar una revisión para catalogarlo o no como edificio patrimonial. Mendiondo explicó que se trata en su mayoría de las casas antiguas que a simple vista se nota en su fachada que puede haber algo para preservar. “La resolución del caso se deberá actualizar en el registro de bienes catalogados de la ciudad”, aclara la nueva ordenanza.
Lugares de protección indirecta
Además de los edificios patrimoniales que deberán protegerse de manera directa, hay otros que por su cercanía o incidencia con el edificio de valor deben ser conservados o tenerse recaudos a la hora de realizar modificaciones. Se trata de edificios o elementos que integran un ambiente urbano que deberá respetarse. Se dividen en “tramo de preservación” o “inmuebles linderos”.
Área de Protección del Paisaje Urbano
Oficialmente, Santa Fe no tiene ningún Área de Protección de Paisaje Urbano (APPU), pero si se podrían tomar como ejemplo la manzana de la Casa de Gobierno o el Bulevar Gálvez. La nueva ordenanza establece que estas áreas “son ámbitos, conjuntos o sitios que por su valor histórico, social, simbólico, cultural, social, paisajístico, urbano ambiental y/o arquitectónico, representan paisajes urbanos a preservar, mereciendo un estudio particularizado y una legislación urbanística particular”. El secretario de Desarrollo Urbano detalló que tanto el Ejecutivo Municipal, como la Comisión de Patrimonio Urbano Arquitectónico el Concejo Municipal o un grupo de vecinos pueden postular alguna zona como APPU con los debidos argumentos, que serán evaluados por la Comisión.
Si una zona es considerada como área protegida, se podrán establecer condiciones que regulen características edilicias/urbanas como “altura máxima, altura de basamento, retiros a linderos, retiros de frente, división del suelo, restricción de usos, cartelería, publicidad, y todo condicionante que se considere necesario para la conservación de las cualidades del paisaje urbano a preservar”. Además, se protegerán los inmuebles que estén incluidos y se definirán parámetros de intervención.
El secretario de Desarrollo Urbano de Santa Fe sostuvo que la idea no es “congelar” los edificios patrimoniales o las áreas de protección, sino que puedan ser “renovados en la medida en que se pueda generar una convivencia” entre lo viejo y lo nuevo. En ese sentido, Mendiondo destacó que la pandemia dejó en claro que los modelos de ciudad están cambiando. “Durante este año y medio hemos visto que las zonas más afectadas por el aislamiento fueron los lugares reservados exclusivamente para una sola actividad, ya sea laboral o comercial”, explicó. Esto hizo que haya lugares vacíos, mientras que las zonas residenciales continuaron con su vida “normal”. El funcionario detalló que la idea es generar espacios que no tengan solamente un fin.
