En el principio fue la incredulidad. Los familiares no creían que aquel 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López, había sido «chupado» por segunda vez. En las primeras horas aciagas, sus hijos pensaban que se había perdido. Sus compañeros de militancia, rápidos de reflejos y conocedores del horror, intuyeron de inmediato lo peor. Esa mañana del 18 de septiembre, el albañil desapareció de su casa del barrio platense de Los Hornos horas antes de presentar su alegato, su verdad, sobre las torturas y vejaciones que padeció durante la última dictadura militar.
López era una pieza clave para la reconstrucción de la memoria y de los crímenes cometidos en el llamado «círculo Camps«. En su primer testimonio ante la Justicia, reveló cómo los represores ejecutaron a Patricia dell ‘Orto y a su esposo, Ambrosio de Marco, otras dos víctimas con las que compartió celda en el centro clandestino de detención llamado «Pozo de Arana». En la instancia judicial, López identificó también al jefe de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, como parte del grupo de tareas que lo secuestró en su casa el 27 de octubre de 1976.
Desde entonces y hasta 1979, López estuvo detenido de manera ilegal en cinco centros de detención que estaban bajo la órbita del ex general Ramón Camps, quien cumplía a rajatabla en el conurbano bonaerense el plan represivo sistemático comandado por el Proceso de Reorganización Militar. Además del Pozo de Arana, aquellas cárceles eran Potrerismo, las comisarías 5 y 8 de La Plata, y la Unidad 9, donde terminó siendo «legalizado» y permaneció recluido por 812 días, hasta ser liberado.
«Yo al que reconocí, estando, y como nunca… es el señor Camps, a ese lo reconocí. Estaba dirigiendo las torturas, me estaban torturando una noche en Arana, y después torturaron a éste paraguayo, que lo hicieron bolsa, a patadas en el suelo, primero lo pusieron en el asador como ellos decían y después le pegaron. Era todo sangre«, afirmó López en el 28 de junio de 2006, su último testimonio ante la Justicia.
La segunda desaparición del albañil de 77 años se produjo en un momento político bisagra. Miguel Etchecolatz fue el primer represor llevado a juicio en el marco del genocidio de 1976, luego de que el Congreso (2003) y la Corte Suprema de Justicia (2005) anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El proceso judicial, que culminó con la prisión perpetua de Etchecolatz el 19 de septiembre de 2006, fue también el primero en el que la Justicia consideró al «homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos» como delitos de lesa humanidad.
La presencia de los testigos era fundamental en el juicio, ya que se representaban a sí mismos. De no ser porque, de manera extraordinaria, el Tribunal Federal Oral N° 1 de La Plata resolvió continuar, la causa podría haber naufragado y haber sido declarado nula.
La hipótesis de familiares, organismos de derechos humanos y gran parte de la dirigencia política apunta hacia los viejos verdugos. En medio de la confusa desaparición de Luis Gerez el 27 de diciembre de 2006 – luego fue encontrado con vida en un hecho poco esclarecido-, el presidente Néstor Kirchner por cadena nacional alentó esa teoría: «Todo hace pensar que ha actuado mano de obra desocupada, elementos paramilitares y parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener su impunidad».
Otra vez, estaba presente el mensaje disciplinador hacia las víctimas del genocidio, para que callen y se frenen los procesos de verdad y justicia. El propio Etchecolatz apeló al terror en pleno juicio durante el 2014, en la sentencia por el juicio de La Cacha, cuando exhibió un papel escrito con su puño y letra con la leyenda «Jorge Julio López, secuestrar». Por esta afrenta amenazante, fue imputado por los delitos de intimidación pública y perturbación al ejercicio de las funciones públicas.
Ese mismo hombre, que en los juicios manifiesta provocadoramente no arrepentirse de sus crímenes, que es el principal sospechoso por la desaparición de Jorge Julio López, recibió en 2006 dos fallos favorables que le otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria. Por ahora, el represor sigue cumpliendo su condena en una cárcel común a raíz de una resolución del juez Ernesto Kreplak, quien lo investiga por otros crímenes.
«Lo que quiero remarcar en estos días es que este genocida no quede en libertad, que mi viejo no haya desaparecido dos veces en vano, primero en dictadura y ahora en democracia. Que Etchecolatz no quede libre antes de que sepamos, o alguien en algún momento nos diga, qué es lo que pasó con mi viejo», sostuvo Rubén, hijo de Jorge Julio López, en una entrevista publicada hoy por Infobae.
