El gobierno de Mauricio Macri no esperaba la decisión judicial del fiscal Guillermo Marijuan de imputar a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. La Casa Rosada se vio desbordada y sin plan para afrontar este nuevo escenario judicial, que si bien esperaba para el mediano plazo, no imaginaba que se precipitara con estos tiempos.
Por lo pronto, el equipo de comunicación del macrismo, que dirige el jefe del Gabinete, Marcos Peña, recomendó a los funcionarios no hacer declaraciones.
En el Gobierno existe preocupación de que los diversos sectores del peronismo interpreten que el impulso de las causas judiciales contra ex funcionarios kirchneristas son parte de una estrategia política del macrismo. Temen que se rompan algunos acuerdos de gobernabilidad en el Congreso.
«No hay comentarios que hacer más que decir que el Poder Judicial debe trabajar con tranquilidad y con total independencia», dijo a LA NACION un funcionario cercano al ministro de Justicia, Germán Garavano. «Los jueces deben trabajar con su propio ritmo, hay que dejar actuar a la Justicia», agregó.
«Hay que garantizar la institucionalidad y el fin de la impunidad», suele decir Garavano, que abriga el firme respaldo de Macri para avanzar a fondo con la reforma de Justicia 2020 y en otro nuevo plan denominado Justo Vos, para promover la Justicia a los estamentos inferiores de la sociedad, con la promocion de mediaciones comunitarias.
La directiva del Presidente a Garavano ha sido situarse en un equilibrio: el Gobierno no debe quedar expuesto al escándalo de los operadores con los jueces, en el que se identifica al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, ni debe quedar asociado a la diputada Elisa Carrió. «El ministro marcha entre medio de ambos», señalan. Sin embargo, en los sectores más íntimos del macrismo existe una simpatía creciente con Carrió, a quien le atribuyen gran parte de los méritos de la presión social y de la prensa sobre los jueces.
Dentro del macrismo puro aseguran que los jueces federales debieron activar las causas por un creciente reclamo social. «Este eje, que vayan presos todos, era por el cual venimos laburando todos. No tenemos un plan ni preveíamos estos tiempos que nos sorprenden, pero era el objetivo: el que las hace las paga, tiene que ir preso y devolver la plata», señalaron a LA NACION en un alto despacho de Balcarce 50.
«Nadie imaginaba esto. ¿Cómo podíamos saber que Leonardo Fariña iba a hacer toda la confesión de un arrepentido? Ahora bien, es cierto que al Gobierno le cae bien que los jueces se muevan», señaló otro importante vocero oficialista.
Otro capítulo es el de las movilizaciones que se vienen: el miércoles próximo, la ex presidenta Cristina Kirchner deberá presentarse a declarar como indagada en la causa por la compra de dólar a futuro y es posible que el juez federal Claudio Bonadio decida procesarla. Se espera una concentración de militancia kirchenrista en apoyo a ella.
«Habrá un refuerzo de seguridad para custodiar el edificio de Comodoro Py, pero será tranquilo. También se ordenará la prensa. Pero todo eso lo definiremos el lunes (por mañana)», dijo a LA NACION un funcionario allegado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
También surgieron especulaciones políticas. A falta de buenas noticias en el plano de la economía, el Gobierno encontró un ejemplo oxigenador del «cambio» en la reactivación de causas de corrupción que implican a ex funcionarios kirchneristas y en la renuncia del cuestionado juez federal Norberto Oyarbide.
Sin embargo, tambien se tropezó con la filtración del Panamá Papers que reveló dos sociedades off shore en las que Macri fue directivo y desnudó la falencia en la comunicación del Gobierno: sin explicación convincente, el escándalo escaló y el fiscal federal Federico Delgado imputó a Macri por «omisión maliciosa» en sus declaraciones juradas.
El propio Presidente resolvió pedir una declaración de certeza en el fuero civil y comercial para frenar un desgaste que no pudo anticipar.
