En 10 segundos:
Qué pasó: la causa Andis sumó pruebas sobre presuntas coimas de hasta el 20% en compras públicas
Qué cambia desde hoy: los pagos oficiales aparecen cruzados con chats, tablas y documentos del expediente
A quién le pega: a exfuncionarios, contratistas del Estado y al sistema de compras para discapacidad
Qué mirar ahora: si la Justicia logra probar que esas comisiones eran retornos ilegales dentro de las adjudicaciones
Buenos Aires, 25 de mayo de 2026. El caso Andis ya tiene una cifra que resume la sospecha judicial: 20%.
Ese porcentaje aparece en tablas, mensajes, anotaciones y cálculos vinculados a compras de la Agencia Nacional de Discapacidad. La hipótesis que investiga la Justicia es que una parte del dinero pagado por el Estado a proveedores de insumos para personas con discapacidad volvía como coima a través de intermediarios.
La investigación fue publicada por LA NACION, que accedió a certificados de pago del organismo y los comparó con documentos incorporados al expediente judicial. Según esa reconstrucción, las fechas y los montos de operaciones oficiales presentan coincidencias con archivos, chats y anotaciones atribuidas a Miguel Ángel Calvete, un lobista investigado por su rol dentro del presunto circuito.
Uno de los casos más claros involucra a Artrobone Ortopedia S.A. El 30 de junio de 2025, Andis emitió dos certificados de pago a nombre de esa empresa: uno por $17 millones y otro por $16 millones. Ocho días después, la titular de la firma le envió a Calvete una tabla con esas dos cifras, la misma fecha de cobro y una línea que decía “Miguel $6.600.000”. Ese monto equivale al 20% del total.
El dato importa por su precisión. No aparece como una referencia vaga ni como una frase aislada. Surge de una coincidencia entre pagos oficiales, montos exactos y una anotación privada que la Justicia incorporó como indicio.
La causa también analiza un mensaje que el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de Andis, Daniel Garbellini, le habría enviado a Calvete. El texto decía “Sus ofrendas de esta semana” y estaba acompañado por una tabla de 10 contratistas del Estado por $2021 millones. Ese mismo día, el organismo emitió 16 certificados de pago a las mismas empresas mencionadas, por una suma idéntica.
La palabra “ofrendas” le da al expediente una gravedad política adicional. En una trama de compras estatales, proveedores y pagos millonarios, ese lenguaje sugiere un vínculo aceitado entre quienes conocían las operaciones y quienes podían beneficiarse de ellas.
El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi tienen bajo análisis esos documentos. El último pedido de indagatorias describió a Calvete como un “permanente engranaje entre ANDIS y las firmas”, con presuntos cobros de entre el 12% y el 20% de las adjudicaciones investigadas.
La investigación alcanza compras de sillas de ruedas, andadores, prótesis y otros insumos sensibles. Tres de las empresas mencionadas en la tabla de las “ofrendas” también aparecen en un documento interno del Ministerio de Salud que detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en adquisiciones realizadas por el organismo.
Ahí está el punto más delicado del caso. El presunto circuito no habría operado sobre bienes secundarios del Estado, sino sobre compras destinadas a personas con discapacidad. Cada sobreprecio, cada retorno y cada adjudicación direccionada implicaría menos recursos reales para un área donde la demora o la falta de insumos tiene consecuencias concretas.
Expo Trauma S.A. aparece como otra empresa bajo la lupa. En el celular de Calvete, la Justicia encontró una imagen enviada por Guadalupe Muñoz, identificada como su pareja, con una tabla que incluía compras de “Silla” por $115 millones. Debajo figuraba “Miguel 20%” y $23 millones. Según el expediente, se corroboró mediante el sistema Siipfis que esas operaciones correspondían a compras de sillas y que la adjudicataria era Expo Trauma.
El Siipfis es una pieza clave de la trama. Era el sistema usado por Andis para sus compulsas, pero esas adjudicaciones no se publicaban en Compr.Ar, el portal de compras públicas. Esa opacidad dejó a los certificados de pago como una de las pocas vías para reconstruir contrataciones que no estaban a la vista de la sociedad.
También figura Neurosalud. Según el expediente, Calvete le escribió al presidente de la compañía, Fabián Piedimonte, la cifra “403.270.000 – mañana”. Al día siguiente, Andis emitió un certificado de pago a favor de esa empresa por el mismo monto. Dos semanas antes, Calvete le habría enviado un audio con una frase que la Justicia considera relevante: “Creo que la semana que viene sale una liquidación, hacemos como siempre, llevalo ahí a lo de los chicos”.
La Ortopedia Bernat completa otro tramo sensible. Aparece en la lista de las “ofrendas” con $308 millones y emitió la factura del andador señalado por el Ministerio de Salud con un presunto sobreprecio de 4239%. En paralelo, la Justicia investiga facturación entre Bernat e Indecomm, firma vinculada a Calvete.
El fiscal Picardi sostuvo que parte de esa facturación habría funcionado como una herramienta para mover dinero bajo apariencia legal. En el caso de facturas emitidas por Indecomm, el dictamen señaló que no responderían a operaciones comerciales genuinas, sino a un mecanismo para canalizar transferencias entre integrantes de una presunta organización ilícita.
Las defensas rechazan las acusaciones. El abogado del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, negó que su cliente haya integrado el presunto grupo investigado y afirmó que no conocía proveedores ni manejaba las licitaciones. La defensa de Calvete señaló que espera el resultado de pericias sobre audios atribuidos a Spagnuolo y planteó nulidades. Algunas empresas mencionadas negaron haber participado en un circuito de coimas.
La causa todavía deberá probar responsabilidades penales. Pero la secuencia reunida ya muestra algo más que una sospecha administrativa: pagos oficiales que coinciden con mensajes privados, porcentajes repetidos, proveedores beneficiados, compulsas poco visibles y bienes comprados para una población especialmente vulnerable.
El caso Andis golpea por la combinación de opacidad y destino. Si la Justicia confirma el circuito, el 20% será la medida política de una captura del Estado montada sobre la discapacidad: una comisión ilegal cobrada sobre sillas, andadores y prótesis que debían llegar donde más se necesitaban.
