En 10 segundos:
Qué pasó: se conocieron detalles de contratos entre la TV Pública y una productora vinculada a Marcelo Grandío
Qué cambia desde hoy: los acuerdos pasan a formar parte de una investigación judicial más amplia
A quién le pega: a la gestión de medios públicos y al entorno político de Manuel Adorni
Qué mirar ahora: medidas de prueba, vínculos financieros y evolución de la causa
Buenos Aires, 18 de abril de 2026.
Los contratos revelan una lógica que se repite: la productora asume costos, retiene ingresos publicitarios hasta cubrir la inversión y luego comparte ganancias con el Estado. Ese formato, habitual en coproducciones, aparece ahora en el centro de una causa judicial que escala en alcance.
La empresa Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandío, participó en al menos seis contenidos emitidos por la TV Pública y Radio Nacional. Los acuerdos incluyen programas radiales, ciclos de entrevistas y producciones para plataformas digitales.
El detalle económico muestra variaciones entre contratos, aunque con un patrón común. En algunos casos, la productora pagó un canon inicial y conservó la totalidad de la publicidad; en otros, el reparto se activaba una vez recuperada la inversión. El riesgo operativo quedaba en manos privadas, mientras el Estado aportaba infraestructura, pantalla y soporte técnico.
Ese punto es el que empieza a concentrar la atención judicial. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó medidas de prueba en una investigación por presunta malversación de fondos, donde también aparecen movimientos financieros entre la productora y el entorno del jefe de Gabinete.
La causa incorpora otros elementos: viajes al exterior, registros migratorios y transferencias bancarias detectadas tras el levantamiento del secreto fiscal. Ese cruce de datos amplía el foco desde los contratos hacia la relación entre actores involucrados.
El impacto excede los contenidos producidos. La discusión se desplaza hacia cómo se gestionan los recursos públicos en esquemas de coproducción y qué controles se aplican cuando hay vínculos personales en juego.
Lo que se define en esta etapa es si el modelo contractual se sostiene como práctica legítima o si pasa a ser interpretado como parte de una operatoria irregular.
