El PRO, junto al partido de Elisa Carrió y los legisladores radicales, impusieron más penas contra quienes trabajan como cuida coches, trapitos, y se aceptarán denuncias anónimas para iniciar causas. La oposición explicó el peligro de esta ley.
La Alianza entre el PRO, el partido de Carrió y los legisladores radicales (Evolución, que responden a Martín Lousteau) impusieron más penas contra quienes trabajan como cuida coches, trapitos, y además se aceptarán denuncias anónimas para iniciar causas.
Una de las intervenciones que se destacó en el recinto fue la de la legisladora Andrea Conde quien expuso el uso de las políticas contra la violencia de género para justificar la criminizalización de los trabajadores.
Muchas de las modificaciones se justificaron en que las mujeres se animan a hacer la denuncia porque tienen miedo a posibles represalias, con el fin de insistir en el polémico apartado de la denuncia anónima. Conde dijo que fue «una muestra más de cinismo, cuando presentan a este Código como el primer Código de Convivencia con perspectiva de género».
«Lo único que buscan es el adiestramiento y la regulación social del espacio público», denunció Conde.
Conde sostuvo que “el gobierno porteño presentó el Código Contravencional como ‘el primer código de convivencia con perspectiva de género’. Nosotras decimos: ‘No en nuestro nombre’”. En ese sentido manifestó que la modificación del código “sólo busca el adiestramiento y regulación social del espacio público y apunta sin duda a los cuerpos más vulnerados: mujeres, lesbianas, travestis, trans, cuerpos no hegemónicos y disidentes y, por supuesto, hacia los sectores con menos recursos.”
Desde la izquierda, el diputado de Autodeterminación y Libertad Fernando Vilardo dijo en el debate: “Este Gobierno tiene una orientación represiva y punitiva», y agregó: “Los colectivos de mujeres que piden que no las utilicen para avanzar con un Código absolutamente represivo”.
“Este proyecto va en contra de los pibes que tratan de sobrevivir frente a una situación de ajuste, mientras que las mafias van a seguir. ¿Quién va a ir en contra de las mafias? ¿Daniel Angelici va a ir, cuando tiene las mafias dentro del mismo club?”, sostuvo.
Por su parte, Gabriel Solano (PO), en tono crítico, pidió al oficialismo que “no hagan pasar este Código represivo en nombre de la violencia de género, muchas organizaciones de mujeres vinieron a decir que no las usaran con este fin”.
Myriam Bregman (PTS) destacó: “La enorme mayoría de las contravenciones tienen que ver con el trabajo informal realizado en la vía pública; este Código persigue a quienes trabajan en la calle vendiendo productos, mientras que en la Ciudad sigue aumentando la pobreza y la precariedad laboral”.
La diputada del FIT Laura Marrone (FIT) remarcó que “es un Código que va en sintonía con el decreto de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich», y destacó: «Para combatir la violencia de género son necesarias otro tipo de políticas. Este Código lo único que hace es castigar a los sectores más vulnerables”.
En su discurso Leandro Santoro de Unidad Ciudana ironizó: «En los últimos días nos enteramos de que la Ciudad está siendo víctima de mafias muy poderosas, que se encargan de limpiar vidrios y cuidar coches. Ponen a los trapitos con los piqueteros, con los motochorros y con cualquier otro factor que rompe con lo estético; siempre están siendo atacados por un enemigo interno”.
“Detrás de todo esto está la criminalización de la pobreza y de un grupo de personas que toma esto como un trabajo para sobrevivir. Es perverso, nos dicen que para terminar con la extorsión van a prohibir la actividad, cuando hay muchos trabajadores informales que no son delincuentes», denunció.
El Bloque de UC sostuvo que el trabajo en la vía pública, aquel que se desarrolla con fines de subsistencia, no puede ser criminalizado y recordaron el veto de Mauricio Macri a la Ley votada en 2011, por iniciativa del FPV, que creaba el “Registro de Cuidadores de Vehículos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Finalmente, el socialista Roy Cortina votó en contra porque “desde su sanción este Código ha sufrido modificado, siempre en pos de aumentar la punitividad y de devolverle el poder a la policía”.
“Acá la sensación es que se busca invisibilidad a la pobreza”, subrayó, y concluyó que “no acordamos con la posibilidad de realizar denuncias anónimas, esto es una forma de institucionalizar la intervención de la policía, son un instrumento controvertido que puede derivar en el armado de causas, entre otras cuestiones. Tiene una visión restrictiva y punitiva del espacio público”.
