En Cipolletti, Río Negro, Rafael Cuchinelli fue despedido de su cargo como jefe de la oficina local de Anses. No por ineptitud ni por corrupción. Según él, por no pagar el diezmo. El diezmo, en este caso, no era religioso. Era partidario. Y el templo, según su denuncia, es el de La Libertad Avanza, el espacio que dice venir a dinamitar los privilegios del Estado. Irónicamente, se estaría financiando con él.
El relato, confirmado por el propio Cuchinelli en declaraciones públicas, describe un mecanismo rudimentario pero efectivo: cada funcionario libertario designado en un cargo público debía entregar el 10% de su salario, en efectivo, en sobre cerrado, a la persona que la diputada nacional Lorena Villaverde designara para la recaudación. Sin cuenta bancaria, sin recibo oficial, sin trazabilidad. Hasta hace un mes, el partido ni siquiera tenía personería jurídica.
Consultada por el medio CORTA, la diputada Villaverde no negó el cobro. Lo justificó. Confirmó el despido de Cuchinelli y explicó que “no cumplía con su función como corresponde” y que “sus valores éticos y morales no se ajustan a los de nuestro espacio”. Lo que no dijo —pero la carta orgánica de LLA en Río Negro sí— es que el aporte de los funcionarios públicos al partido es obligatorio, y se fija en el 10% del salario. No es el único distrito con esta práctica: en Mendoza es igual, en La Pampa es del 15%, y en Entre Ríos del 8%.
El financiamiento por aportes de afiliados con cargos no es nuevo en la política argentina. Lo hacen todos. Lo novedoso aquí no es la existencia del sistema, sino su contradicción con el discurso: un partido que promete erradicar el uso político del Estado, usándolo como herramienta partidaria.
Más aún, lo que distingue a LLA es la extensión del tributo a funcionarios no electos, como jefes de Anses, asesores y cargos administrativos del Ejecutivo. La militancia paga, literalmente, para ocupar un escritorio en nombre del nuevo orden.
Y hay algo más que huele rancio en esta historia. La diputada Villaverde, tan preocupada por la ética del exfuncionario al que echó, tiene causas judiciales abiertas en su provincia. Una por haber entregado terrenos en Las Grutas sin cumplir las condiciones de urbanización. Otra por afiliar personas muertas al partido. Y un antecedente que pesa: en 2002 fue demorada en un aeropuerto por tenencia de cocaína, hecho por el que tiene vedado el ingreso a Estados Unidos, según recordaron en el Congreso.
En la retórica libertaria, el Estado es un botín a desarmar. Pero en la práctica, parece ser un botín a administrar. Que el despido de un funcionario se justifique por no aportar en sobre a una organización política no solo vulnera principios básicos de transparencia, sino que dibuja una línea inquietante entre lo ideológico y lo mafioso.
La Libertad Avanza había prometido barrer con la casta. Lo que no había dicho era que planeaba reemplazarla con una propia, financiada con sobres, sellos partidarios y un Estado al que —al menos por ahora— no sueltan.
