En 10 segundos:
• Qué pasó: Diputados aprobó bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
• Qué cambia desde hoy: el proyecto pasa al Senado con amplio respaldo opositor fragmentado.
• A quién le pega: a menores involucrados en delitos y a provincias que deberán implementar el régimen.
• Qué mirar ahora: la sesión prevista en el Senado y el debate por recursos y aplicación.
Buenos Aires, 13 de febrero de 2026.
La Cámara de Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y envió el proyecto al Senado, donde podría tratarse antes de fin de mes. Con 149 votos afirmativos y 100 negativos, el oficialismo consiguió una mayoría amplia con respaldo de la UCR, el PRO, bloques provinciales y aliados legislativos.
La media sanción marca un punto de inflexión en un debate que atraviesa la política argentina desde la recuperación democrática. Por primera vez, la discusión sobre la edad de imputabilidad llega al recinto con posibilidades reales de convertirse en ley. El eje del oficialismo fue claro: actualizar un régimen heredado de la dictadura y establecer un esquema especial para menores con sanciones diferenciadas.
El proyecto plantea un abanico de medidas que van desde sanciones alternativas hasta penas de hasta 15 años para delitos graves. Excluye la prisión perpetua y establece que los menores deberán cumplir condena en establecimientos separados de adultos. Para delitos con penas menores a tres años se descarta la prisión, mientras que para hechos con penas de entre tres y diez años, sin resultado de muerte o lesiones graves, se priorizan medidas de carácter social y educativo.
La votación dejó expuesta una fractura política más amplia que la discusión estrictamente penal. Mientras el oficialismo defendió la necesidad de resocializar y modernizar el régimen, el peronismo y la izquierda denunciaron un enfoque punitivo que, según sostienen, impactará principalmente en sectores vulnerables.
Uno de los puntos más sensibles fue el financiamiento. La implementación del nuevo régimen exigirá infraestructura específica, personal capacitado y coordinación entre Nación y provincias. El oficialismo propuso avanzar mediante convenios interjurisdiccionales, pero desde bloques provinciales reclamaron mecanismos más directos para evitar que el costo recaiga exclusivamente en los gobiernos locales.
En el recinto, el debate osciló entre la seguridad y la prevención. Desde el oficialismo insistieron en que la reforma no busca “amontonar menores” sino crear un sistema con reglas claras. Desde la oposición, en cambio, cuestionaron el contexto político del proyecto y advirtieron sobre posibles efectos en barrios populares.
El resultado legislativo no garantiza una aprobación automática en el Senado. Aunque el respaldo en Diputados fue contundente, la Cámara alta suele introducir modificaciones en iniciativas de alto impacto institucional. Las próximas semanas serán clave para medir si el oficialismo logra sostener la coalición que armó en la Cámara baja.
Más allá de la discusión jurídica, la reforma reabre un interrogante estructural: qué papel cumple el régimen penal juvenil en la política de seguridad. Algunos referentes del PRO señalaron que modificar la edad no resolverá por sí solo el problema de la delincuencia, mientras que sectores críticos sostienen que el cambio responde a una demanda simbólica más que a evidencia empírica.
La aprobación en Diputados instala el tema en la agenda pública con mayor intensidad. Organizaciones sociales, especialistas en niñez y actores del sistema judicial ya anticiparon que el debate en el Senado será escenario de nuevas tensiones.
El traslado del proyecto a la Cámara alta transforma la discusión en una pulseada política más amplia. Allí se definirá no solo la edad de imputabilidad sino también el alcance real del régimen especial, los recursos asignados y el equilibrio entre castigo y reinserción.
Si el Senado ratifica la media sanción sin cambios sustanciales, el país ingresará en un nuevo esquema penal juvenil que modificará prácticas judiciales y administrativas. Si introduce ajustes, el texto deberá regresar a Diputados y el proceso se extenderá.
La votación de esta semana no clausura el debate. Apenas lo desplaza a otro escenario institucional, donde la pregunta central seguirá siendo la misma: si la reducción de la edad de imputabilidad redefine el abordaje del delito juvenil o si se limita a alterar un número en el Código Penal.
