En 10 segundos:
Qué pasó: un informe oficial estimó que las falsas denuncias representan el 0,09% de las causas penales relevadas
Qué cambia desde hoy: el debate sobre el proyecto de Carolina Losada queda cruzado por un dato estadístico nuevo
A quién le pega: al Senado, al sistema judicial y a las organizaciones que discuten el impacto de endurecer penas
Qué mirar ahora: si el proyecto avanza con dictamen pese a las advertencias sobre subregistro de violencia de género
Buenos Aires, 26 de mayo de 2026. La discusión por las falsas denuncias acaba de recibir el dato que le faltaba: escala.
El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos relevó más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones. En ese universo, las falsas denuncias representaron el 0,09% del total. Traducido a una imagen simple: una causa cada mil.
El dato aparece en el momento más sensible del debate. El proyecto impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y propone aumentar las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento, con agravantes para casos vinculados a violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores de edad.
La iniciativa parte de una preocupación concreta: el daño que puede producir el uso abusivo del aparato judicial. Losada sostiene que las penas actuales tienen bajo efecto disuasivo y que muchas situaciones quedan invisibilizadas porque el delito se persigue poco. Su frase política más repetida condensa esa línea: la mentira no tiene género.
El informe, en cambio, lleva la discusión hacia otro punto. Según el relevamiento, el fenómeno existe, creció en registros absolutos durante el período analizado, pero conserva una incidencia marginal dentro del sistema penal. Las causas pasaron de 1.845 a 3.142, aunque siguieron por debajo del 0,1% del total.
La tensión legislativa queda ubicada ahí. El Senado debate una reforma penal fuerte sobre un fenómeno que por primera vez aparece medido con números oficiales y cobertura parcial. La fotografía todavía tiene zonas ciegas: ocho jurisdicciones quedaron fuera del relevamiento y el estudio no permite saber cuántas causas terminaron con acreditación judicial efectiva.
Ese límite metodológico importa. El informe mide investigaciones registradas, no condenas firmes ni impacto real sobre procesos familiares, cautelares o causas por violencia. Aun así, instala una advertencia política: una reforma penal puede terminar pesando sobre víctimas que ya denuncian poco.
El punto más delicado aparece en los delitos sexuales y de violencia de género. Los cuestionamientos al proyecto señalan que endurecer penas en esos contextos podría desalentar denuncias en áreas donde el sistema ya enfrenta subregistro. El informe cita datos externos sobre violencia contra mujeres y ofensas sexuales que muestran una brecha persistente entre hecho sufrido y denuncia realizada.
La discusión queda ahora más ordenada y más incómoda. De un lado, una demanda de protección frente a denuncias falsas capaces de destruir reputaciones, vínculos y trayectorias. Del otro, una advertencia institucional sobre el riesgo de responder con más pena donde el problema principal sigue siendo el acceso efectivo a la Justicia.
El proyecto de Losada ya tiene dictamen. El informe oficial acaba de mover el eje. Lo que viene definirá si el Congreso convierte la presión política en reforma penal o si abre una discusión más amplia sobre registro, prueba, víctimas y uso real del sistema judicial.
