BUENOS AIRES — A través del Decreto 452/2025, el Gobierno oficializó este lunes la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, una nueva autoridad que absorberá las funciones de ENARGAS y ENRE. La decisión, firmada por el presidente Javier Milei y sus ministros clave, condensa en una sola estructura el poder de fiscalización y control de los servicios públicos energéticos bajo jurisdicción federal.
La medida responde al artículo 161 de la Ley Bases (27.742), que facultó al Ejecutivo a avanzar en esta reorganización. Pero más allá de su legalidad formal, la fusión marca un hito simbólico: es la primera vez que se concentra en un solo organismo el control de los dos sistemas energéticos más sensibles del país. El Gobierno justifica la medida bajo la lógica de eficiencia, reducción del gasto y alineamiento con los estándares OCDE. La pregunta de fondo es otra: ¿qué pasa con el control técnico, la transparencia y los derechos de los usuarios?
Un organismo con poder concentrado
El nuevo ente —que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— contará con autarquía, independencia presupuestaria y capacidad jurídica plena. Su directorio estará compuesto por cinco miembros con mandatos de cinco años, designados por el Poder Ejecutivo a partir de una terna elaborada por la Secretaría de Energía. No habrá límite de reelección. El Congreso, por su parte, podrá emitir opinión no vinculante antes de cada designación o remoción.
Desde el oficialismo se presenta la medida como una respuesta a la necesidad de reducir estructuras burocráticas y modernizar el Estado. Pero en los pasillos técnicos y sindicales de ambos entes fusionados, la noticia cayó con incertidumbre: más de mil empleados deberán ser reubicados en un proceso que aún no tiene precisiones claras, más allá de la promesa de continuidad laboral mientras dure la transición.
El reordenamiento, entre el relato de eficiencia y la realidad operativa
Durante 180 días, seguirán vigentes las unidades organizativas y funciones actuales de ENARGAS y ENRE, hasta tanto se defina la nueva estructura interna. El financiamiento del ente provendrá de las tasas de inspección creadas por las leyes 24.076 y 24.065, además de subsidios, donaciones, intereses y ventas de obleas para GNV.
La Secretaría de Energía deberá iniciar de inmediato el proceso de selección del primer directorio, mientras que el jefe de Gabinete deberá adecuar el presupuesto para unificar los programas de ambos organismos.
Entre las funciones del nuevo ente se destacan la aplicación y fiscalización de marcos normativos, la formulación del presupuesto, el asesoramiento al Ejecutivo, la contratación de personal y la aplicación de sanciones.
El control como política: lo que está en juego
El nuevo superente energético nace en un contexto de crisis de confianza en los organismos de control y con un mercado de servicios públicos tensionado por aumentos tarifarios, subsidios en revisión y demandas judiciales. El riesgo no es solo técnico: es político e institucional.
Centralizar funciones no necesariamente implica mayor eficiencia. Puede derivar también en menor transparencia, pérdida de especificidad técnica y concentración de decisiones sensibles en una estructura con menor contrapeso. Más aún cuando los nombramientos dependen exclusivamente del Ejecutivo y las opiniones del Congreso no tienen carácter vinculante.
Una decisión con impacto estructural
Con este decreto, el Gobierno no solo fusiona entes: redefine la arquitectura del control estatal sobre dos servicios esenciales. La promesa es simplificación. La advertencia es concentración. Y en el medio, miles de trabajadores y millones de usuarios siguen esperando certezas sobre cómo —y para quién— funcionará ahora la fiscalización del gas y la electricidad en la Argentina.
