En 10 segundos:
Qué pasó: ingresó en el Congreso un proyecto para legalizar la eutanasia y la muerte asistida
Qué cambia desde hoy: el debate pasa del plano ético y sanitario a una propuesta legislativa concreta
A quién le pega: a pacientes con enfermedades graves e incurables, al sistema de salud y a los bloques del Congreso
Qué mirar ahora: si las distintas iniciativas logran un texto común para avanzar en comisiones
Buenos Aires, 27 de mayo de 2026. El Congreso vuelve a tocar una de las discusiones más sensibles de la democracia: quién decide cuando la vida queda atravesada por un sufrimiento irreversible.
El diputado nacional Esteban Paulón, del socialismo e integrante de Provincias Unidas, presentó un proyecto para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina. La iniciativa lleva el nombre de “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida” y busca reconocer el derecho de una persona a solicitar asistencia médica para morir en casos extremos.
El texto apunta a enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes que generen sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. La clave política está en que el proyecto mueve la discusión hacia el sistema sanitario: de aprobarse, la práctica tendría cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, sin copagos.
La propuesta distingue dos procedimientos. La eutanasia sería la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud. La muerte asistida quedaría definida como la autoadministración de la medicación por parte del paciente, con provisión y supervisión médica.
El acceso tendría requisitos específicos. La persona debería ser argentina o residente permanente desde hace al menos un año, tener más de 16 años y contar con certificación médica sobre su condición de salud. La voluntad debería expresarse de manera libre, consciente e informada, con dos solicitudes separadas por al menos 15 días y posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.
El procedimiento incluiría varias instancias de control: un médico responsable, un profesional consultor independiente, un equipo interdisciplinario con especialistas en salud mental, cuidados paliativos y bioética, y una Comisión de Evaluación y Garantías antes de autorizar la práctica.
El proyecto incorpora además un punto que será parte del debate público: la objeción de conciencia individual para profesionales de la salud. Las instituciones, en cambio, quedarían obligadas a garantizar la prestación y no podrían rechazarla por motivos ideológicos o religiosos.
La iniciativa también propone modificar el Código Penal para que el profesional que intervenga bajo los requisitos de la ley no sea sancionado. Además, suma cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para permitir directivas anticipadas vinculadas a la asistencia médica para morir.
Hoy la Argentina reconoce el derecho a rechazar tratamientos médicos y el acceso a cuidados paliativos. La eutanasia y el suicidio asistido siguen alcanzados por figuras penales. Ese límite es el que el proyecto busca modificar.
El antecedente legislativo muestra un camino difícil. En los últimos años ingresaron varias iniciativas sobre eutanasia, buena muerte y asistencia para terminar con la propia vida, impulsadas por legisladores de distintos espacios. Ninguna llegó todavía a una votación en el recinto.
La novedad política está en la transversalidad posible. Paulón afirmó que existen votos favorables en distintos bloques, aunque anticipó una oposición fuerte de sectores religiosos. El Congreso tendrá que definir si esta vez convierte una discusión recurrente en una agenda legislativa con tratamiento real.
