El miércoles 16 de julio, a las 10 de la mañana, el rectorado de la Universidad de Buenos Aires será el escenario de una nueva protesta. En ese edificio emblemático de Viamonte al 400, donde se toman las decisiones centrales de la mayor universidad pública del país, gremios docentes, trabajadores de la salud, estudiantes y personas autoconvocadas se reunirán con una consigna precisa: “El Clínicas no se arancelará”.
La movilización surge como respuesta a un proyecto elevado por la Comisión de Presupuesto del Consejo Superior que plantea el cobro de prestaciones médicas en el Hospital de Clínicas, una institución que, por su historia, funcionamiento y alcance, encarna desde hace décadas la alianza entre salud y universidad pública.
El Clínicas como símbolo
El Hospital de Clínicas “José de San Martín” no es solo un centro de salud. Es un dispositivo académico, asistencial y formativo por el que transitan miles de estudiantes y pacientes al año. Su gratuidad es parte del pacto fundacional de la UBA: formar profesionales, atender sin distinción y sostener la salud pública desde el conocimiento.
Esa arquitectura, que ocupa una manzana entera en pleno barrio porteño de Recoleta, es también el reflejo físico de un modelo de país. Por eso, el anuncio de un posible arancelamiento encendió alarmas más allá del sindicato docente AGD-UBA o del gremio de profesionales de la salud: toca un nervio sensible para quienes ven en ese edificio no solo atención médica, sino política de Estado.
Un presupuesto que no alcanza
Los reclamos no son nuevos. En abril de 2024, una masiva movilización universitaria —la más numerosa desde la vuelta de la democracia— puso en el centro del debate el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Entonces, el rectorado de la UBA anunció que el conflicto presupuestario se resolvía con un aporte extraordinario de Nación. Pero ese anuncio, celebratorio en los medios, apenas cubría lo básico: salarios rezagados, servicios congelados y mantenimiento precario.
Desde entonces, según denuncian los gremios, la situación no hizo más que empeorar. Las universidades operan en emergencia presupuestaria crónica, con fondos que no contemplan ni la inflación acumulada ni los aumentos de servicios e insumos.
“La motosierra de Milei no distingue entre ministerios y hospitales universitarios”, denunció en un comunicado la Asociación Gremial Docente. “Ya lo vimos con los jubilados que quedaron afuera de DOSUBA. Ahora quieren cobrar por atender a quien no tiene obra social”.
Una defensa que es política
En ese contexto, la marcha del miércoles busca más que frenar un arancel. Busca poner límites a lo que los convocantes consideran una avanzada privatizadora: una forma silenciosa pero efectiva de empujar a la salud pública hacia un modelo de mercado.
“La docencia se moviliza porque esto no es solo una decisión presupuestaria. Es una decisión ideológica”, afirman desde la AGD. El llamado es abierto y el mensaje contundente: “El Clínicas no se vende, se defiende”.
Para muchos de los que saldrán a la calle el miércoles, esa defensa no es romántica ni retórica. Es una respuesta pragmática a una amenaza concreta: que uno de los hospitales más importantes de la Argentina deje de ser lo que siempre fue —público, gratuito y universitario— para convertirse en otro engranaje del sistema de salud pago.
Y con ello, dejaría de ser un símbolo.
