Este martes, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. La decisión ratifica el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que, en noviembre de 2024, la había sentenciado a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Con esta resolución, la ex presidenta deberá cumplir la pena bajo prisión domiciliaria y no podrá ser candidata en las próximas elecciones legislativas.
El caso investigó el manejo de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Según la justicia, entre 2003 y 2015 se montó una maniobra para favorecer al empresario Lázaro Báez, quien recibió decenas de contratos de manera irregular, sin competencia real y con beneficios económicos desproporcionados.
El fallo de Casación, de más de 1500 páginas, detalló cómo Báez fue incorporado al rubro de la construcción “sin experiencia previa”, y cómo se conformó una estructura que simulaba licitaciones mientras concentraba contratos millonarios. También se destacó el uso de una modalidad de contratación excepcional convertida en regla en Santa Cruz, la falta de sanciones por incumplimientos y la existencia de pagos privilegiados.
Una de las pruebas más relevantes fue el contenido del celular del ex secretario de Obras Públicas, José López, detenido en 2016 con bolsos con dólares en un convento. En esos mensajes se hablaba del “plan limpiar todo”, una estrategia para encubrir la caída de las empresas de Báez y desligar responsabilidades de la administración saliente.
El tribunal también ordenó el decomiso de más de 84 mil millones de pesos, correspondientes al perjuicio económico producido al Estado nacional.
Además de la ex presidenta, también fueron condenados Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti (todos a 6 años de prisión), y otros exfuncionarios con penas menores. En cambio, se confirmaron las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Carlos Kirchner.
Una disidencia dentro del tribunal, del juez Gustavo Hornos, consideró que los hechos también configuraban una asociación ilícita con Cristina Kirchner como jefa. Sin embargo, sus colegas Barroetaveña y Borinsky descartaron esa figura, al entender que se trató de un único plan delictivo.
Con esta decisión del máximo tribunal, la sentencia adquiere carácter definitivo.
