En 10 segundos:
Qué pasó: Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por Javier Milei tras una sesión nocturna y acuerdos al límite.
Qué cambia desde hoy: Se instala un fondo de capitalización para desvinculaciones, se amplían guardias mínimas en actividades clave y se restringe el esquema de aportes sindicales.
A quién le pega: Trabajadores formales e informales, sindicatos, PyMEs, empresas grandes, plataformas digitales y gobiernos provinciales que condicionaron el quórum.
Qué mirar ahora: El regreso al Senado por los cambios, la ola de amparos y el primer efecto real en despidos, paritarias y conflictividad.
Buenos Aires, 20 de febrero de 2026.
A las tres de la mañana, con la Plaza del Congreso todavía encendida por columnas gremiales y un recinto exhausto, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral más profunda desde la recuperación democrática. El Gobierno la presentó como modernización. Para buena parte del mundo del trabajo, suena a otra cosa: una reescritura del contrato social que traslada riesgos desde las empresas hacia el trabajador.
El eje estructural es el reemplazo de la lógica clásica de indemnización por un sistema de capitalización: el Fondo de Asistencia Laboral. La promesa oficial es simple: convertir el despido en un costo previsible para fomentar la contratación. El efecto político es menos neutro: el despido deja de funcionar como límite económico fuerte y pasa a integrarse a la contabilidad mensual. En un país con salarios frágiles y consumo como motor, esa mutación tiene consecuencias que exceden lo jurídico.
La Argentina, además, no discute esta reforma desde un mercado laboral saludable. Discute desde una informalidad persistente, desde una productividad estancada y desde una economía que hace años se acostumbra a sobrevivir más que a crecer. La idea de que bajar “costos laborales” va a ordenar el sistema ignora un dato incómodo: la informalidad no se explica sólo por la Ley de Contrato de Trabajo. Se explica por empresas chicas sin espalda, por ciclos macro que castigan inversión y por un Estado que muchas veces llega tarde con control, crédito y capacitación.
La reforma también toca la musculatura del poder sindical. Limitar la cuota solidaria y exigir consentimiento individual para el descuento no es un detalle administrativo: es un golpe directo a la caja de los gremios y, por lo tanto, a su capacidad de sostener estructura, litigio, acción social y negociación. En paralelo, la ampliación de servicios esenciales y la creación de actividades “trascendentales” obligan guardias mínimas que vuelven al paro general una señal política más que una palanca económica. No elimina el conflicto: lo encorseta.
En ese marco entra la categoría de trabajadores de plataformas. Al correrlos del régimen clásico, el Estado legaliza una zona gris: actividad real, dependencia tecnológica, protección acotada. La palabra “autonomía” se vuelve elegante; el resultado concreto puede ser otro: personas que trabajan bajo reglas de algoritmo sin el piso de derechos que estructuró el trabajo formal durante décadas.
La sesión no se explicó sólo por convicciones. Se explicó por quórum. La ley avanzó porque el Ejecutivo cedió piezas para sostener aliados y porque las provincias fueron determinantes en el armado. Ese dato importa: cuando una reforma del trabajo depende del intercambio fiscal para lograr votos, el mensaje de fondo no es eficiencia; es poder. Y cuando el poder se ordena por necesidad de caja, la calidad del consenso se vuelve endeble.
El cierre de FATE en paralelo al debate funcionó como símbolo involuntario. Para el oficialismo, prueba de que el modelo anterior era inviable. Para la oposición, anticipo del escenario que puede abrirse si despedir resulta más fácil y el mercado decide sin contrapesos. Más allá de la discusión, lo que quedó expuesto fue el clima: incertidumbre y bronca en partes iguales.
El Gobierno apuesta a que la reforma bajará litigiosidad, impulsará inversión y reducirá informalidad. Puede ocurrir en algún margen. El problema es el costo de transición y la ausencia de red de contención proporcional. Sin un esquema robusto de protección social, capacitación real y negociación colectiva con poder equilibrado, la “modernización” corre el riesgo de traducirse en precarización elegante.
La Argentina entra en una fase donde el Congreso ya no es el escenario principal. Lo que sigue se va a jugar en tribunales, en paritarias, en la calle y en la decisión cotidiana de cada empresa frente a su planilla salarial. Ahí se verá si el país creó empleo con derechos o si simplemente formalizó una forma nueva —y más barata— de vulnerabilidad.
