El proyecto que impulsa el Gobierno es resistido por los mandatarios de Neuquén, Chubut, Mendoza y Río Negro, ligados al oficialismo; critican al Gobierno porque fueron excluidos de la refinanciación de deudas
Por Jesica Bossi | LA NACION
Sin disimulo y con señales inequívocas, la Casa Rosada redobló la presión para desactivar la resistencia de las provincias petroleras en contra del borrador del proyecto de ley que regula la actividad y busca aislar el núcleo de gobernadores díscolos.
Como contrapartida y en un gesto de rebelión inusual de los caciques durante la era kirchnerista, ayer los mandatarios ratificaron su rechazo y tiraron aún más la cuerda de una discusión clave, que el Gobierno quiere trasladar como plato fuerte en el Congreso para la segunda mitad del año.
«Estoy más firme que nunca», dijo ayer a LA NACION el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, consultado sobre la exclusión de su distrito, junto con Mendoza, Río Negro y Chubut, de la tregua en los vencimientos de deuda que otorgó Cristina Kirchner al resto de las jurisdicciones.
En la misma línea, se encolumnó el chubutense Martín Buzzi. «No hay libertad posible si no tenemos el control de los recursos. No vamos a avalar ninguna decisión que vuelva a concentrar el poder en el centro del país», dijo.
Apenas empezó a circular en junio la propuesta preliminar, elaborada por el CEO de YPF, Miguel Galuccio; los diez gobernadores que integran la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) establecieron un trabajo conjunto. Ese bloque, que puertas adentro expresa matices en relación con la iniciativa, es el blanco dilecto al que apuntan desde Balcarce 50.
De hecho, antes de su internación, el ministro de Planificación, Julio De Vido, desplegó un operativo para quebrar el bloque y lograr apoyos públicos. Así, después de una ronda de conversaciones, logró algunas declaraciones de ocasión de Gildo Insfrán (Formosa), Eduardo Fellner (Jujuy) y Juan Manuel Urtubey (Salta).
En su condición de presidente del PJ, el jujeño envió un mensaje componedor: «La Nación y las provincias nos vamos a poner de acuerdo».
De no lograr un consenso, como había delineado Cristina antes de mandar el proyecto al Congreso, se abre un debate áspero para el que los gobernadores díscolos ya empezaron el «poroteo» de los números.
La táctica de dividir el frente explota un dato real: el texto tiene un impacto dispar en los distritos. No de casualidad los más activos en la pulseada son Neuquén, Mendoza y Chubut, que concentran entre el 60 y 70 por ciento de la actividad.
Al grupo se suma, aunque en un reclamo más solitario, el rionegrino Alberto Weretilneck. «A nosotros no nos afecta, pero hay que ver qué postura tomamos», se sinceraron en una gobernación.
Entre guerra de cifras y argumentos legales, se entrecruza la cuestión electoral. «No podemos volver a nuestras provincias si votamos esto. Y, además, le entregamos en bandeja este tema a la oposición», razona un funcionario provincial.
Otro actor con peso específico mueve el tablero: los gremios. Ayer, el jefe del sindicato de petroleros privados y senador neuquino, Guillermo Pereyra, aportó picante.
«El gobierno nacional se comporta como buitres internos con las provincias», lanzó, para luego concluir: «Esto es extorsión. Es muy delicado y habrá que ir a la Justicia».
Pragmático y audaz, algunos en el oficialismo creen que Pereyra suma pirotecnia verbal para negociar, aunque siempre temen su poder de fuego. Se calcula que el paro que realizó la semana pasada ocasionó pérdidas a YPF por 17 millones de dólares.
La vía de la judicialización no está descartada, aunque es aún lejana. «Van a llover amparos de intendentes, legisladores, ciudadanos», deslizan sus máximos detractores.
Por ahora, las negociaciones por la ley están empantanadas, aunque hay interconsulta permanente entre los gobernadores, que en paralelo miden los efectos cercanos del litigio no resuelto con los holdouts.
Los desalienta, acaso, que la terminal del texto es el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, un viejo conocedor del ámbito de la Ofephi, que supo transitar como abogado de Néstor Kirchner en su época de gobernador de Santa Cruz. «Julio es más componedor, pero no define», se lamentó un mandatario.
El «día D» de los gobernadores será pasado mañana, cuando esperan verificar si empiezan a correr los compromisos contraídos con la Nación que, hasta ahora, no fueron refinanciados.
Según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, habrá un segundo turno de prórrogas, pero no precisó fecha ni modalidad.
Sólo una premisa creen tener clara: la Presidenta parece haber depositado su confianza en Galuccio, que le ofreció un marco jurídico que atraiga inversiones, una aspiración que emerge ahora fallida hasta que no se salde la inédita situación de default técnico.
Una iniciativa polémica
El Gobierno y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, impulsan una reforma a la ley de hidrocarburos que contempla una serie de estímulos a la inversión privada.
La iniciativa también fuerza a las provincias a delegar parte de su injerencia sobre el manejo de la actividad petrolera, pese al principio constitucional de que las provincias son las propietarias de los recursos del suelo.
Ante la resistencia de algunos mandatarios, el Gobierno ha buscado forzar una brecha entre las provincias petroleras. Neuquén, Chubut, Mendoza y Río Negro integran el círculo díscolo
