En 10 segundos:
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Qué pasó: La reforma laboral entra en sesión con alertas abiertas entre aliados.
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Qué cambia desde hoy: Los artículos sobre aportes ponen en riesgo apoyos clave.
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A quién le pega: Gobierno, dialoguistas, provincias, gremios y cámaras empresarias.
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Qué mirar ahora: Si la Casa Rosada flexibiliza o fuerza una votación artículo por artículo.
Santa Fe, 6 de febrero de 2026.
A días del tratamiento en el Senado, la reforma laboral dejó de ser un expediente técnico para convertirse en una prueba política de alto voltaje. La tensión no proviene de un rechazo frontal opositor, sino de un frente inesperado que se arma en el corazón de la negociación: la convergencia táctica entre gremios y cámaras empresarias alrededor de un punto sensible —los aportes—, y una Casa Rosada que, en paralelo, endurece su postura frente a aliados y provincias.
El nudo del conflicto es conocido, pero su alcance se amplificó. Los dialoguistas advirtieron que no acompañarán artículos si la regla no es idéntica para todos. En términos simples: si los aportes pasan a ser voluntarios para un actor, deben serlo también para el otro. La señal es clara y atraviesa bloques. No se trata de defender intereses sectoriales aislados, sino de evitar una asimetría que, políticamente, sería difícil de explicar.
El proyecto contempla tres planos distintos. La cuota sindical, voluntaria para afiliados, no genera objeciones. El problema aparece con el aporte solidario, descontado a trabajadores no afiliados bajo el argumento de beneficios de la negociación colectiva. Allí se concentra la resistencia. En despachos aliados se lee que, de prosperar como está, el artículo podría trabarse en Diputados o forzar una votación fragmentada que exponga fisuras.
La novedad es que la reacción no quedó circunscripta al universo sindical. Las cámaras empresarias pusieron el foco en el artículo que vuelve voluntarios los aportes patronales especiales previstos en convenios colectivos, incluso para empleadores no asociados. Ese texto, firmado en diciembre, activó una alarma espejo: la misma vara que se exige para un lado se reclama para el otro. El resultado es una coincidencia táctica poco frecuente entre actores históricamente enfrentados.
Mientras tanto, el Ejecutivo parece haber corrido el eje. En la mesa política libertaria ganó terreno la idea de no modificar el proyecto. La consigna —“o sale así, o no sale”— se filtró a aliados y gobernadores, que reaccionaron con cautela. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, asegura contar con los votos para la media sanción, pero el margen es fino y depende de una ingeniería legislativa sin sorpresas.
La rigidez oficial se cruza con otra discusión que tensiona: el capítulo fiscal y el impacto en las provincias. La baja del impuesto a las Ganancias, sin compensaciones claras, encendió alertas en gobernaciones que acompañaron al oficialismo en otras instancias. En ese mapa, la promesa de revisar el punto quedó flotando. Algunos creen que habrá cambios antes del recinto; otros, que se intentará resolver durante la votación en particular.
La sesión extraordinaria ya tiene fecha y agenda. Habrá una cumbre final entre oficialismo y dialoguistas para cerrar el texto. Allí se juega algo más que un artículo: la confianza mínima para ordenar la votación. Con 37 voluntades como objetivo entre aliados y oficialismo, cualquier fisura obliga a recalcular. El riesgo es doble: perder artículos clave o exhibir una derrota política en un tema central del programa.
En Diputados, el panorama no luce más despejado. Aunque el foco inmediato es el Senado, varios bloques anticipan que, de no resolverse ahora, los cambios llegarán en la Cámara baja. Los tiempos también aprietan: feriados, otras prioridades legislativas y la posibilidad de que el tratamiento se deslice a marzo. En ese contexto, la estrategia de llevar el proyecto “cerrado” puede volverse en contra si no existe un consenso mínimo previo.
El trasfondo es estructural. La reforma laboral busca modernizar reglas en un contexto global más volátil, atravesado por tensiones geopolíticas y cambios en el comercio. Pero el debate local reordenó prioridades: antes que la arquitectura general, lo que define apoyos son los incentivos y las simetrías. La política volvió a marcar el ritmo de una discusión que el Gobierno pretendía resolver por convicción y velocidad.
En la Casa Rosada confían en la muñeca de negociación y en evitar “sorpresas” de último momento. En los aliados, el pedido es inverso: previsibilidad y reglas claras. Nadie quiere quedar del lado de una desigualdad explícita. De allí la presión para que los aportes tengan un tratamiento uniforme y para que el capítulo fiscal no deje a las provincias pagando la cuenta.
El oficialismo enfrenta, así, un dilema clásico: ceder para aprobar o sostener la línea y asumir el costo. En ambos casos, la reforma laboral dejó de ser un trámite y pasó a ser una prueba de gobernabilidad. Si la salida es una votación artículo por artículo, el resultado puede ser una ley fragmentada; si hay concesiones de último minuto, la victoria será menos nítida pero más estable.
En las próximas horas se verá si el Gobierno afloja el nudo o decide tensarlo. Lo que ya quedó claro es que el frente inesperado —gremios y empresas pidiendo la misma regla— y la rigidez estratégica del Ejecutivo reconfiguraron el tablero. La reforma llega al Senado sin blindaje total. Y en política, ese detalle suele definir el final.
