El nuevo borrador de la reforma laboral que elabora el Gobierno de Javier Milei avanza sobre actividades que, en la provincia de Santa Fe, reúnen a miles de trabajadores en condiciones de alta informalidad y bajo nivel de protección. El texto introduce cambios en el régimen de casas particulares y crea un esquema específico para repartidores de aplicaciones, dos sectores cuya regulación venía tensionada por conflictos judiciales, reclamos sindicales y nuevos modelos de negocio.
La relevancia del documento radica en que plantea una reorganización del vínculo entre empleadores y trabajadores en ámbitos donde la brecha entre la norma y la práctica diaria suele ser amplia. Para las ciudades con fuerte actividad de plataformas digitales —como Rosario y Santa Fe capital— el impacto podría sentirse de manera inmediata, tanto en la definición de derechos como en las obligaciones que deberán asumir empleadores, repartidores y empresas.
El capítulo dedicado al personal doméstico redefine el período de prueba en los contratos por tiempo indeterminado: los primeros seis meses permitirán la desvinculación sin causa y sin indemnización, aunque el empleador no podrá usar ese período más de una vez con la misma trabajadora. La reforma también fija topes de jornada, descanso semanal, un mínimo de 12 horas entre turnos y la obligación de proveer ropa de trabajo, con la posibilidad de sustituirla por un pago no remunerativo al finalizar la etapa de prueba.
La alimentación adecuada según la modalidad de contratación, la obligatoriedad del seguro contra riesgos del trabajo y la formalización electrónica de recibos son otros puntos sensibles. La emisión a través de ARCA busca incorporar trazabilidad a un sector donde los conflictos por pagos y documentación son frecuentes. En caso de juicio laboral, los créditos adeudados se actualizarán con los mismos parámetros que la Ley de Contrato de Trabajo, lo que representa un cambio respecto del régimen especial vigente.
El borrador también detalla deberes estrictos para el personal, como el cuidado de los bienes del hogar y la reserva sobre la vida privada de la familia empleadora, una cláusula que refuerza obligaciones de confidencialidad en un contexto donde la intimidad doméstica es parte del lugar de trabajo.
El otro gran bloque regula la mensajería urbana vinculada a aplicaciones. Allí, el Gobierno define a los repartidores como trabajadores independientes que ofrecen servicios a través de plataformas tecnológicas sin relación de dependencia. Pueden elegir horarios, rechazar pedidos sin explicación, desconectarse en cualquier momento y decidir rutas, medios de transporte y herramientas de navegación. La lógica es consolidar un régimen basado en autonomía individual y libre negociación.
Las plataformas, por su parte, deberán brindar información clara sobre cada pedido, garantizar canales de reclamo, ofrecer capacitación en seguridad vial y comunicar los criterios que utilizan para agrupar o calificar a los repartidores. También deberán explicar bloqueos o suspensiones cuando impacten en la actividad de los usuarios.
Los repartidores tendrán la obligación de inscribirse en ARCA, contar con cobertura de salud según la figura de monotributista social, registrar una cuenta de cobro y cumplir normas de tránsito. Podrán acceder a seguros de accidentes personales y conservar la totalidad de las propinas recibidas.
La discusión ahora se desplaza al Congreso y a la negociación con sindicatos y cámaras empresarias. El borrador deja entrever un modelo que busca flexibilizar ciertos aspectos de la contratación, reforzar obligaciones formales y definir un marco jurídico para la economía digital. Su aplicación, sin embargo, dependerá de cómo se interpreten las nuevas reglas en realidades laborales heterogéneas, especialmente en ciudades donde el trabajo doméstico y las plataformas sostienen buena parte del empleo informal.
