En 10 segundos:
• Qué pasó: un informe gremial alertó que dos de cada tres rutas nacionales están en estado regular o malo.
• Qué cambia desde hoy: el deterioro impacta en logística, competitividad y siniestralidad vial.
• A quién le pega: transporte, economías regionales y usuarios de la red nacional.
• Qué mirar ahora: ejecución presupuestaria 2026 y mantenimiento preventivo.
Buenos Aires, 21 de enero de 2026.
El estado de las rutas nacionales ingresó en una zona crítica. Según un informe elaborado por trabajadores de Vialidad Nacional, entre el 60% y el 70% de la red vial del país presenta condiciones regulares o malas, con tramos estratégicos afectados en todas las provincias. El diagnóstico combina dos variables centrales: recortes presupuestarios sostenidos y abandono del mantenimiento preventivo.
El documento, difundido por la Federación del Personal de Vialidad Nacional, advierte que el ajuste en la obra pública no solo deterioró la infraestructura existente, sino que ya genera efectos medibles en la economía real. Entre ellos, la caída de la velocidad media de circulación, el aumento de los costos logísticos, la pérdida de competitividad regional y un mayor riesgo de siniestros viales.
La comparación presupuestaria es uno de los puntos más sensibles del informe. Al contrastar los recursos asignados en 2023 con los previstos para 2026, los técnicos describen una caída real cercana al 75%. Esa contracción, señalan, no se explica solo por la inflación o la reorientación del gasto, sino por una subejecución sistemática durante 2024 y 2025.
Según el relevamiento, al menos el 60% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo, aunque las mediciones oficiales disponibles son parciales y en algunos casos desactualizadas. Las proyecciones más conservadoras elevan ese número hasta un rango de entre 65% y 70%, con afectación directa sobre corredores logísticos clave y rutas de alto tránsito.
Uno de los aspectos que más preocupa a los técnicos es la interrupción del mantenimiento preventivo. Campañas habituales, como los trabajos de conservación invernal, dejaron de realizarse en numerosos tramos. Esa ausencia, explican, acelera el pasaje de fallas menores a colapsos estructurales, multiplicando los costos futuros de rehabilitación y acortando la vida útil de las rutas.
El informe también pone el foco en una contradicción fiscal. El Impuesto a los Combustibles Líquidos continúa cobrándose en cada carga de combustible y tiene asignación específica para obras viales. Sin embargo, esos fondos no se traducen en obras ni en tareas de mantenimiento proporcionales a lo recaudado, lo que profundiza el deterioro de la red.
A la dimensión material se suma un fuerte ajuste en el capital humano del organismo. Según la federación, más de 800 agentes técnicos y operativos fueron despedidos en los últimos dos años. Entre ellos, ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados. Además, advierten que podrían perderse otras 900 posiciones a través de retiros voluntarios.
La reducción de personal no es un dato menor. La operación y el mantenimiento vial requieren conocimiento técnico acumulado y presencia territorial. La salida masiva de cuadros especializados impacta directamente en la capacidad de diagnóstico, supervisión y respuesta ante emergencias en la red.
El deterioro de las rutas no se manifiesta de manera homogénea, pero sus efectos son transversales. En el transporte de cargas, cada kilómetro en mal estado se traduce en mayores tiempos de viaje, consumo adicional de combustible y desgaste prematuro de vehículos. En términos productivos, eso implica mayores costos y menor competitividad para las economías regionales.
En el plano de la seguridad vial, el informe advierte un aumento del riesgo de siniestros asociado a calzadas deformadas, banquinas inestables y señalización deficiente. Aunque no presenta estadísticas propias de accidentes, los técnicos subrayan que la infraestructura es un factor determinante en la prevención.
El contexto político del ajuste es conocido. El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, definió una reducción drástica de la obra pública como parte de su estrategia fiscal. En ese marco, la infraestructura vial quedó relegada frente a otros objetivos de equilibrio presupuestario.
El informe no discute la orientación macroeconómica, pero advierte sobre sus consecuencias acumulativas. La falta de inversión sostenida no solo deteriora activos existentes, sino que genera un pasivo futuro cada vez más costoso de revertir. Recuperar una ruta colapsada requiere recursos muy superiores a los necesarios para mantenerla en condiciones aceptables.
De cara a 2026, el documento plantea un escenario abierto. La clave estará en la ejecución efectiva del presupuesto aprobado y en la eventual reactivación de programas de mantenimiento preventivo. Sin esas variables, el deterioro proyectado podría profundizarse y extenderse a tramos que hoy aún se mantienen operativos.
Mientras tanto, la red vial nacional sigue funcionando al límite. El impacto ya no es abstracto ni de largo plazo: se mide en tiempos de viaje, en costos logísticos y en condiciones de circulación cada vez más precarias para millones de usuarios.
