El juez federal Luis Armella ordenó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de dinero y sus vínculos con operatorias del fútbol argentino. La novedad operativa es doble: por un lado, avanza un peritaje “minucioso” de teléfonos secuestrados; por otro, se abrió una línea específica sobre pagos en criptomonedas asociados a transferencias de futbolistas y contratos internacionales.
Este lunes, la DATIP retiró del juzgado 14 celulares considerados prioritarios para extracción y análisis forense. Entre los dispositivos mencionados en la investigación están los de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, y el de su madre, Graciela Vallejo, presidenta de la firma. El requerimiento fue impulsado por la fiscal federal Cecilia Incardona, que pidió revisar el contenido en busca de información útil para reconstruir contactos, flujos y decisiones.
La causa venía creciendo por acumulación de medidas: allanamientos, secuestro de documentación y electrónicos, y un frente de evidencia digital que será decisivo. La lógica es simple: cuando un expediente se apoya en comunicaciones, no importa solo qué se movió, sino quién lo conversó, cómo lo justificó y cuándo lo coordinó.
El giro cripto agrega otra complejidad. Armella dispuso pedidos de informes a organismos internacionales para entender cómo se habrían instrumentado transferencias entre cuentas locales y del exterior y qué sociedades habrían recibido beneficios. En ese tramo, la Justicia busca la “ruta del dinero” con cooperación internacional y reserva táctica para no degradar la prueba.
En paralelo, el expediente amplió el foco sobre TourProdEnter LLC y levantó el secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario Javier Faroni, su esposa Erica Gillette y otros nombres vinculados. La hipótesis fiscal incorpora la figura de administradores o beneficiarios formales con perfiles económicos incompatibles con montos administrados: un patrón típico cuando una estructura necesita firmas, pero no quiere dueños visibles.
Para Santa Fe, el impacto todavía es indirecto, pero el precedente puede ser grande. Si el caso prueba que el mercado de pases y ciertos contratos internacionales operaron con carriles opacos —incluida cripto— el sistema entero se encarece en controles: trazabilidad, compliance y auditorías. Eso pega primero en los clubes con menos espalda financiera y jurídica, donde cada exigencia nueva se traduce en costos concretos y riesgos reputacionales.
El punto institucional es más nítido: cuando una investigación judicial entra a la caja negra del financiamiento del fútbol, la discusión deja de ser deportiva. Pasa a ser gobernanza: quién firma, quién cobra, qué intermediaciones se toleran y qué controles funcionan de verdad. Lo que venga ahora depende menos del ruido público y más de lo que aparezca en los teléfonos y en los pedidos internacionales: nombres, chats, cuentas, fechas y decisiones.
