En tiempos normales, el receso invernal del Congreso es apenas una pausa formal. Este año, sin embargo, se convirtió en una tregua necesaria. Con dos proyectos de ley en juego que apuntan a mejorar la coparticipación a las provincias, y un veto presidencial anunciado con antelación, la pausa legislativa llegó como un freno útil para ambos lados: para los gobernadores, que ganan tiempo de maniobra; y para la Casa Rosada, que evita —por ahora— un enfrentamiento sin retorno.
El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará cualquier ley que, según su visión, ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Pero cerca suyo, las voces más tácticas le recomiendan otra cosa: no pelear con todos, todo el tiempo.
Equilibrio o confrontación
La estrategia libertaria de Milei se apoya en tres pilares: superávit, ortodoxia y confrontación discursiva. Pero hay un límite implícito: el Congreso. Sin mayoría propia ni en Diputados ni en el Senado, el oficialismo sabe que su agenda legislativa depende, en gran medida, de los votos provinciales. Y por eso, la línea dialoguista —encabezada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo— insiste en moderar el conflicto.
Incluso figuras como Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, dejaron trascender su desacuerdo con una escalada innecesaria justo en la antesala de las elecciones de octubre.
En la inauguración de la Exposición Rural 2025, la imagen fue clara: Francos rodeado por los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut) y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. Una foto de contención política que no pasó desapercibida.
Qué está en juego
Los proyectos en discusión no son menores. Uno propone la coparticipación automática y diaria del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que hoy se reparte a discreción. La iniciativa modificaría ese esquema y repartiría el 58,8% del total entre las provincias, dejando a Nación con el 41,2%.
Según la Fundación Mediterránea, esto representaría $334.563 millones extra solo en el segundo semestre del año. Santa Fe, por ejemplo, pasaría de recibir $4.236 millones a $28.883 millones. Un salto siete veces mayor.
El segundo proyecto apunta a redistribuir los ingresos del impuesto a los combustibles, aumentando la porción que recibirían las provincias al 57,07%. En promedio, implicaría una suba del 124% en los envíos automáticos.
Ambas leyes, dicen desde el oficialismo, afectarán el superávit. Pero para los gobernadores, se trata de fondos legítimos que les corresponden.
Octubre en el horizonte
Aunque no hay reuniones formales previstas, los mandatarios provinciales ya advirtieron que, si no hay negociación, irán a fondo en el Congreso. Y aunque el presidente conserve la posibilidad del veto, el costo político de sostener ese enfrentamiento no es menor, especialmente en un año electoral.
El receso sirvió para bajar el tono. Pero nada está resuelto. La tregua es temporaria. Y el campo de batalla sigue siendo el mismo: el modelo de país que cada actor quiere defender con los fondos públicos como telón de fondo.
