Por José Crettaz | LA NACION
A 48 horas de la definición de la subasta de espectro con la que el gobierno prevé recaudar US$ 2000 millones y los usuarios esperan finalmente poder hablar por celular, el gobierno nacional presentó un proyecto de ley de telecomunicaciones para reemplazar el decreto de facto que las rige desde 1972. La iniciativa lleva el pomposo nombre de «Argentina Digital» y podría no ser todo lo que parece.
El marco regulatorio de las telecomunicaciones es uno de los más activos en el mundo, donde existen autoridades de aplicación que velan por el cumpliendo de normas extensas sobre las que se dictan disposiciones prácticamente a diario. Fuera de esa normalidad estuvo hasta ahora la Argentina, en donde se dictaron muy pocas resoluciones en la materia en los últimos once años mientras simultáneamente y por decreto se lanzaron millonarios planes oficiales, como la televisión digital estatal o la red federal de fibra óptica. Ahora, con un proyecto de 76 artículos (la ley de medios tiene 166 y decenas de notas al pie), el gobierno propone derogar de hecho un aspecto clave de la ley de medios, que ya tiene cinco años, y cambiar completamente la base jurídica de una licitación que se resuelve mañana. Hasta el propio secretario de Telecomunicaciones, Norberto Berner, reconoció que «es una ley corta, de sólo «25 carillas».
Con una redacción enredada, el Art. 9 del proyecto deroga el inciso d) del Art. 25 de la ley de medios, que impedía a las empresas prestadoras de servicios públicos dar servicios audiovisuales. Esa posibilidad estaba contemplada en el proyecto original de la ley de medios pero fue eliminada para que los bloques de Proyecto Sur, Libres del Sur y el Partido Socialista aceptaran dar el quorum en la Cámara de Diputados para tratar esa norma en 2009. Ahora, Telefónica, Telecom y Claro podrán dar TV por cable al quedar «exceptuadas» del cumplimiento de aquella disposición. No está claro si, como exige la ley de medios, ese servicio prestado por las telefónicas estará limitado a 24 localidades (razón por la cual Cablevisión, del grupo Clarín, debe partirse en tres partes para adecuarse a esa norma). La entrada de las telcos -como se las conoce en el sector- al negocio del cable podría ser grave para las pymes cableoperadoras que ya tenían que competir en igualdad de condiciones con el gigante DirecTV (adquirida por el más grande aún AT&T) y ahora deberán hacerlo también con las telefónicas.
Además, la iniciativa presentada ayer deroga el decreto-ley 19.798, firmado por el dictador Alejandro Lanusse, y el decreto 764/2000 del presidente Fernando de la Rúa. En esa normativa se basa la licitación que mañana confirmará a Telefónica, Telecom, Claro y el grupo Manzano-Vila como futuros prestadores del servicio de telefonía móvil 4G, que brindará acceso a internet móvil de alta velocidad.
El proyecto de ley delega en el Gobierno nacional amplios poderes: por ejemplo, podrá diseñar la autoridad de aplicación como lo desee (algo que no sucede en los marcos regulatorios más avanzados, como el estadounidense o el europeo) y definir a gusto los requisitos para ser admitido como licenciatario. Nada de eso está especificado en la ley y podrá ser la Presidenta o quien ella desgine el que fije los requisitos sin limitaciones.
Además (como ya ocurre en el ámbito de los medios), este proyecto privilegia a las empresas estatales. Arsat -operador del flamante satélite Arsat1- tendrá «prioridad» en la prestación de «facilidades satelitales» (es decir, podría convertirse en un proveedor monopólico) y además, según el Art. 25, esa u otra empresa estatal podrían ser beneficiarios de los $ 2400 millones del Fondo de Servicio Universal (que se nutre del 1% de la facturación de las operadoras) que desde el año 2000 esperan ser usados en la construcción de redes que den comunicación a poblaciones de menos de 1000 habitantes. Hasta ahora, para acceder a ese fondo las telefónicas debían concursar mediante la presentación de proyectos, posibilidad que seguirá vigente (y tal vez en desuso como estuvo hasta ahora). Arsat, que operará la red federal mayorista de fibra óptica -aún inactiva- podrá también convertirse en un competidor estatal en el mercado minorista, algo que las telco y los cables miran como una amenaza.
La iniciativa esconde algunas asimetrías extrañas para el sector, que impiden el efectivo acceso a servicios triple o cuádruple play (telefonía fija y movil, TV paga y acceso a Internet): los combos no pueden incluir video (en concreto, los cables ya no podrán vender acceso a Internet y TV por cable por un precio menor al que venden cada uno de esos servicios por separado). Sin embargo, sí permite que la telefonía móvil o fija se pueda vender en combo con el acceso a Internet. Precisamente, lo que define al triple o cuádruple play es la prestación de múltiples servicios por una misma red, mediante una única tarifa que se cobra en una misma factura. Actualmente, ante la imposibilidad legal de hacerlo mediante sus propias redes, las telefónicas y DirecTV comercializaban el combo «trío», que según fuentes del mercado superó los 400.000 clientes hasta que la Corte Suprema confirmó una medida judicial que impide su comercialización.
El texto del proyecto incluye además algunos de los más recientes «gritos de la moda» en la regulación internacional (como la neutralidad de la red, que en el proyecto aparece declamada pero sin que se aclare su alcance y aplicación); la desagregación de las redes en la última milla (que sobre los cables tendidos por una empresa puedan prestar servicios otras); la declaración de la comunicación como «derecho humano» (algo más declamativo que práctico), y la eliminación de las tarifas de larga distancia (que prácticamente ya no existen en la mayoría de los mercados). La desagregación de las redes y la obligatoriedad de interconexión entre los operadores es un punto polémico que -como varios aspectos del proyecto podrían terminar en la Justicia- dado que para las empresas del cable implica una suerte de «expropiación» de su inversión y para todas, la imposibilidad de controlar los propios productos que ofrecen al mercado.
El proyecto recoge además cuestiones que ya existen en la regulación actual y no representan innovaciones, como la administración del espectro radioeléctrico y la inviolabilidad de las comunicaciones, entre otras.
LA NACION habló con muy altas fuentes de las empresas líderes en el sector convergente (telefonía fija y móvil, banda ancha y televisión por cable): mientras los cableoperadores creen que se trata de un proyecto para destruirlos -permitiendo que las telefónicas den el servicio de TV paga, las empresas de telefonía consideran que, lejos de beneficiarlas, les afecta su negocio principal -la telefonía móvil- al obligar a abrir las redes, fijar la velocidad de acceso a Internet y regular las tarifas del servicio. De hecho, «el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones» es declarado «servicio público esencial y estratégico», algo reclamado desde hace años por sectores de la oposición de centroizquierda que podrían apoyar la iniciativa en el Congreso. Pero la declaración de servicio público no garantiza su calidad ni su precio, como lo demuestran cada verano las empresas distribuidoras de electricidad y en cada invierno las de gas natural.
En la medida en que las telecomunicaciones (ahora llamadas «servicios TIC») y la radiodifusión (bautizada por la ley de medios como «servicios de comunicación audiovisual») siguen siendo reguladas por dos leyes distintas que se superponen y generan inconsistencias no puede decirse que el proyecto presentado sea una «norma convergente».
