No es solo el estado de los caminos. Es el silencio del auxilio que no llega, el hospital al que no se accede a tiempo, el camión que no puede llegar a destino. Es la sensación creciente de estar solos frente al deterioro. “La situación es desesperante”, dice Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional de Transporte. Y no se refiere a una exageración retórica: según sus propios cálculos, el 50% de las rutas del país está en mal estado.
Mientras el gobierno nacional avanza con la desactivación de Vialidad Nacional y se multiplican los anuncios de transferencia de responsabilidades a las provincias o al sector privado, el mapa vial argentino cruje por todos lados. La infraestructura heredada del siglo XX, que alguna vez vertebró la integración territorial del país, parece estar quedando a la deriva.
Rutas colapsadas, tránsito duplicado
“El tránsito se multiplicó, pero la red vial sigue siendo la misma que hace décadas”, advierte Ruppel en diálogo con AM 630. Esa combinación –más vehículos, peores caminos, y menos mantenimiento– no solo degrada la calidad de circulación, sino que multiplica los riesgos de accidentes y eleva exponencialmente los costos logísticos.
Ya no se trata solo de baches o banquinas comidas por la erosión. Lo que preocupa es la ausencia de Estado en los puntos más críticos: zonas rurales aisladas, pasos fronterizos, rutas con climas extremos. Allí donde Vialidad Nacional era más que un ente técnico: era presencia estatal concreta, capaz de asistir en emergencias y mantener conectadas regiones enteras.
Provincias sin espalda, privados sin interés
Según Ruppel, el problema de fondo no es nuevo, pero el contexto actual lo empuja al límite. “El plan del gobierno parece ser correr al Estado y dejar todo en manos de las provincias o del mercado. Pero las provincias no tienen ni fondos ni estructura, y los privados no quieren rutas destruidas ni destinos con bajo tránsito. Ya se intentó y no funcionó”, asegura.
Los contratos de concesión tampoco resultan viables para la mayoría de los trayectos críticos: “Los costos de recuperación son altísimos, y los plazos de retorno de inversión demasiado largos. Nadie va a querer explotar rutas en zonas como Pino Hachado o el norte rural santafesino. ¿Quién pondría un peaje a 150 kilómetros del próximo pueblo?”, ironiza.
De la infraestructura a la salud pública
Pero la alerta de Ruppel no termina en la obra pública. Lo que está en juego, sostiene, es también una política de salud y seguridad vial: “¿Quién no tiene un familiar que haya sufrido un accidente en la ruta? La falta de inversión tiene consecuencias humanas muy concretas. Cada bache no reparado puede ser una vida perdida. Cada puente caído, una ambulancia que no llega”.
En esa línea, el especialista remarca el impacto económico de no actuar: “Los accidentes viales generan un gasto enorme en atención médica, rehabilitación, cirugías. Invertir en rutas no es un lujo, es una inversión en prevención”.
Vialidad Nacional como estructura de país
El punto más grave, para Ruppel, es la desarticulación de Vialidad Nacional. “Estamos desmontando un organismo que articula la logística, la emergencia, la integración territorial. No es solo repavimentar, es sostener una idea de país conectado y accesible”.
El colapso vial no será un hecho puntual, sino una deriva progresiva y costosa. Una caída invisible que se mide en tiempos perdidos, productos que no llegan, regiones aisladas, accidentes evitables.
Y sobre todo, en la pregunta que aún no tiene respuesta: ¿quién se va a hacer cargo del camino?
